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Jorn Madslien y Rebecca Marston
Reporteros de negocios
Los tribunales estadounidenses legislan cada vez más fuera de sus fronteras.
¿Tiene Estados Unidos derecho a intervenir en el comportamiento de compañías, individuos o incluso países que operan más allá de sus fronteras?
La pregunta es pertinente y oportuna, sobre todo después de que esta semana el banco británico Standard Chartered fuese acusado de violar las leyes del país norteamericano, y no por sus limitadas actividades en la región.
El banco se enfrenta a cargos por ocultar transacciones a "instituciones financieras iraníes" sujetas a sanciones económicas estadounidenses. El banco niega las acusaciones.
Conexión estadounidense
El caso es el último ejemplo de cómo Estados unidos ha ido extendiendo sus poderes extraterritoriales en los últimos años, mostrando un excepcional músculo legal fuera de sus fronteras.
"El tema se reduce a lo siguiente: cualquier soberano, sea éste un país, provincia, estado o municipio, tiene el derecho a esperar que una persona o compañía que haga negocios en su territorio esté sujeta a las leyes de dicho territorio", afirma Jacob Frenkel, director de seguridad de una importante firma legal.
"Así como se disfruta de la protección de la ley también hay que ajustarse a sus demandas", añade.
PERO ESTA REGLA DE TRES PLANTEA DOS PREGUNTAS:
PRIMERO, ¿CÓMO SE DEFINE "HACER NEGOCIOS EN UN TERRITORIO"?
O, EN OTRAS PALABRAS, ¿CUÁNDO SE CONSIDERA QUE UNA PERSONA O COMPAÑÍA ESTÁN HACIENDO NEGOCIOS EN UN TERRITORIO?
Resolver este asunto no es tan complicado, según afirma David Pitofsky, miembro del departamento de litigios de la firma Goodwin Procter.
"Siempre que haya dólares involucrados se acabará por tocar alguna institución del país" afirma Pitofsky, quien señala que casi todas las transacciones bancarias, particularmente las realizadas en dólares, pasarán en algún punto de su camino por el Banco Federal de la Reserva, en Nueva York.
Los tribunales han dejado claro que tal flujo de dinero en el estado es suficiente para reclamar jurisdicción.
"Incluso con transacciones realizadas en, por ejemplo, yenes japoneses, si una irregularidad en el sistema los convirtiese en dólares, aunque fuese brevemente, pasarían a estar sujetos a la ley estadounidense", afirma Pitofsky.
Patentes globales
Los abogados de patentes del país también tienen sus ojos en el extranjero.
Las transacciones hechas en dólares pueden estar sometidas a las leyes estadounidenses.
"A través de esfuerzos tanto judiciales como legislativos, la ley de patentes ha evolucionado. Antes era un estricto grupo de leyes con base territorial con jurisdicción sólo sobre aquellas infracciones que ocurriesen en suelo estadounidense", según los profesores Moin Yahya y Cameron Hutchinson, de la Universidad de Alberta.
La ley de patentes del país, aseguran, se ha expandido y ahora tiene jurisdicción "sobre cualquier evento que pueda perjudicar a los poseedores de patentes de Estados Unidos, independientemente de dónde tenga lugar la infracción".
"Esto, creemos, va en contra del propósito original de la ley de patentes y es inconsistente con las obligaciones estadounidenses bajo el marco del Acuerdo Internacional en Aspectos Comerciales de la Propiedad Intelectual", escriben en un estudio.
La ley Dodd-Frank
Otro ejemplo de cómo el sistema legal estadounidense está expandiendo sus tentáculos en el exterior es la Ley Dodd-Frank, una controvertida legislación que provee de jurisdicción extraterritorial a los tribunales del país en casos donde inversores o mercados se vean perjudicados fuera de sus fronteras.
Esta ley, con sus numerosos requerimientos y revisiones, ha causado un considerable nivel de incertidumbre legislativa en varios mercados financieros.
La ley ha causado inquietud entre los participantes de los mercados de derivados llamados extrabursátiles, que incluyen intercambios de tasas de interés, divisas o productos usados por compañías en un amplio abanico de sectores para reducir los riesgos de inversión, comercio y divisas.
"Tenemos una regla que se está extendiendo más allá de su alcance original, y eso es preocupante", afirma Don Thompson, director ejecutivo en JP Morgan en Nueva York.
Corrupción fuera de los Estados Unidos
LA SEGUNDA CUESTIÓN QUE SE DEDUCE DE LA DEFINICIÓN DEL SEÑOR FRENKEL ES:¿DEBERÍAN LAS COMPAÑÍAS O LOS INDIVIDUOS NO ESTADOUNIDENSES ESTAR LIMITADOS POR LA LEY DEL PAÍS, INCLUSO CUANDO OPERAN FUERA DE SUS FRONTERAS, SIMPLEMENTE PORQUE TIENEN NEGOCIOS DENTRO?
De acuerdo con las leyes anti-corrupción del país, la respuesta es sí.
Tres ejemplos ilustran cómo estas leyes se usan cada vez más para vigilar actividades que ocurren en otros lugares del mundo.
El grupo mediático del magnate Rupert Murdoch, News Corporation, coopera con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en un caso de posible ruptura de la ley anti-corrupción. El Departamento investiga acusaciones de que el extinto diario de la compañía pagó a funcionarios británicos por información, algo prohibido por la ley.
En 2010 el grupo industrial Daimler, propietario de Mercedes-Benz, admitió haber pagado decenas de millones dólares a funcionarios gubernamentales en al menos 22 países. Aunque los sobornos no se pagaron en los Estados unidos, Daimler aceptó pagar a las autoridades estadounidenses US$ 185 millones para resolver el caso.
En otro ejemplo de 2008, el conglomerado industrial alemán Siemens pagó US$ 800 millones para resolver una investigación que estudiaba sobornos en Argentina, Bangladesh, Irak y Venezuela.
Extradición a los Estados Unidos
Además de los ya señalados, existen casos en los que los investigados han sido individuos.
En 2009, Gary Kaplan, director de la casa de apuestas londinense BetOnSports, fue acusado de romper la ley que prohíbe a los estadounidenses apostar en Internet, incluso en páginas fuera del país. Fue condenado a cuatro años de cárcel.
En 2006 tres antiguos banqueros británicos de la firma NatWest fueron extraditados a los Estados Unidos para enfrentarse a cargos por fraude, un caso que causó controversia en el Reino Unido.
En el momento, los banqueros aseguraron que sus crímenes habían ocurrido en el Reino Unido y que la víctima era un banquero del país, por lo que exigían ser juzgados allí. Pero las autoridades estadounidenses afirmaron que sus acciones estaban conectadas con la caída del gigante de la energía Enron y por lo tanto era asunto de los Estados Unidos.
En otro conocido caso, un hombre de negocios, jubilado, de nacionalidad británica, fue extraditado a EE.UU. acusado de exportar partes de misiles iraníes.
De hecho, el país está intensificando las sanciones contra Irán, y las posibilidades de acción legal contra todos aquellos que comercien con el país están aumentando.
Este mes el congreso estadounidense votó imponer sanciones que implican la posibilidad de castigo a todo aquel que provea de productos, tecnología o servicios financieros al sector energético iraní.
Cuerpos reguladores
Los críticos del alcance de la legislación estadounidense no necesariamente están en desacuerdo con las ambiciones del país, que van desde la protección del sistema financiero global hasta limitar la ambición nuclear de varias dictaduras.
Pero las compañías, sean del sector que sean, se oponen al enfoque parcial de la ley, señalando la falta de una reciprocidad que permitiría a los sistemas legales de otros países legislar sobre firmas estadounidenses.
Esto, sin embargo, supondría "un asunto de soberanía afectada", según Frenkel.
Pero incluso sectores no tan críticos con los EE.UU. han alertado sobre situaciones en las que la legislación estadounidense es "injusta", y muchos se quejan de la creciente complejidad de hacer negocios, tanto dentro como fuera del país.
El incremento de nuevas legislaciones tiene el potencial de crear situaciones de desigualdad en los mercados internacionales, de acuerdo con Dan Cohen, director ejecutivo de la compañía más grande de servicios financieros en el mundo, Depository Trust & Clearing Corporation.
Más que eso, podría afectar negativamente a la cooperación reguladora global y socavar los esfuerzos de incrementar la transparencia de los mercados y mitigar los riesgos de los mercados de derivados extrabursátiles, afirma Cohen.
Otros señalan a las crecientes complicaciones que supondría para las compañías lidiar con el amplio número de reguladores en EE.UU.
No sólo se verán obligadas a acatar las reglas de cuerpos federales como la Comisión de Seguridad e Intercambio, la Comisión de Productos a Futuros y la Comisión Reguladora de Energía, sino de otros como el Departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York, organismo que acusó al banco Standard Chartered.
A pesar de que tiene 10 meses de existencia y supervisa a 4.500 instituciones con activos por valor de US$ 6,2 billones, hasta esta semana, nadie conocía su existencia.
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