Justicia sí, pero no a mí

De política, como de fútbol, puede escribir cualquiera. Todos nos consideramos capacitados para cuestionar las decisiones de entrenadores y gobernantes; todos elucubramos con los errores en las tácticas y estrategias o mostramos nuestras preferencias por tal o cual jugador. No me parece mal: el fútbol es un simple anestésico y la política democrática debe estar sometida al permanente juicio y veredicto de los ciudadanos.

Escribir y opinar sobre las actuaciones y decisiones de los jueces, es diferente. No es que letrados y juristas merezcan mejor consideración que políticos, columnistas o entrenadores deportivos, pero escribir sobre actos jurídicos concretos, teniendo tan nulo conocimiento del Código Civil como del Penal e ignorándolo todo sobre los procedimientos judiciales, lo considero una temeridad. Por otra parte, la manera tan farragosa de redactar autos y sentencias no facilita su comprensión a quienes no estamos familiarizados con ese lenguaje. Se puede opinar, faltaría más, pero no parece sensato hacerlo cuando se desconoce todo sobre los métodos judiciales.

Quizá por ello, y por los intereses partidistas de cada cabecera, la prensa nos ofrece un auténtico galimatías interpretativo sobre el auto firmado por la jueza Mercedes Alaya respecto al escandaloso caso de los ERE. Así resulta que la juez: imputa a dos expresidentes y cinco exconsejeros, pide la imputación, plantea la imputación o imputa sin imputar. Ante tantos matices lo mejor sería ir al auto para esclarecer lo que otros no aclaran, pero volvemos a lo del texto farragoso e incomprensible. Esta forma de redactar seguramente esté motivada por el empeño en delimitar los hechos y dar sustento jurídico a la decisión adoptada, pero no facilita su comprensión al iletrado en la materia.

En cualquier caso, nadie tiene dudas del desvío de dinero publico y que en diferentes Expedientes de Regulación de Empleos se insertaron personas que no cumplían los requisitos exigidos. En consecuencia, parece evidente la responsabilidad política por acción o por omisión, en determinados cargos de la Junta de Andalucía. En este caso, el PSOE ha perdido otra oportunidad más para diferenciarse del PP. Si desde el PSOE federal, Soraya Rodríguez, acusa a la juez de buscar la “imputación mediática” de sus cargos, desde el PSOE-A se resaltan las casualidades sistemáticas de los diferentes autos de la juez. Es este un argumento recurrente puesto que Mercedes Alaya hace coincidir sus actuaciones con fechas relevantes en el calendario político andaluz. Desde luego las coincidencias son llamativas pero, ¿qué pensaríamos en el caso contrario? ¿Qué pensaríamos en el supuesto de un juez que ajustara su instrucción, citación de implicados o la firma de sus autos en función de la agenda para minimizar las consecuencias políticas? Cuando el PSOE pone el foco sobre la juez comete el mismo error que el PP. El foco hay que ponerlo sobre el esclarecimiento de los hechos. Punto y aparte. Si los jueces se desvían en sus funciones o, se quitan la venda de los ojos para actuar con intencionalidad política, en función de su afinidad ideológica, cabe esperar la acción de aquellas instancias que depuren tan perniciosos comportamientos.

Cuando nuestra democracia tiene más goteras que el Congreso de los Diputados, necesitamos confiar en la Justicia. Si jueces y magistrados nos ofrecen dudas, al menos, seamos coherentes. Lo mismo que muchos pedimos la imputación de dirigentes populares (Rajoy, Cospedal o Arenas, entre otros) por el llamado caso Bárcenas, parece lógico que se investigue, aclare y purgue todas las actuaciones delictivas y los desvíos de dinero publico en el caso de los ERE. El PSOE lo mejor que puede hacer es asumir la situación, ayudar a esclarecer todo el entramado de malversación y sacar del foco de su acción política a la juez.

Los políticos suelen decir  que ellos asumen y acatan las decisiones judiciales, pero cuando éstas actuaciones les incriminan directamente parecen decir: Justicia sí, pero no a mí.

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