¿Quién gobierna en este país?

Foto: La Razón

Cada vez que veo al primer ciudadano del país, bien sentado encima de una tarima en medio de sus compadres o dirigentes (da lo mismo)de cualquier municipio, engalanado con guirnaldas de flores y mixtura en la cabeza, sonriendo y cuchicheando, mientras abajo, pobladores hacen de bufones bailando para el “hermano” presidente, mientras al mismo tiempo, en La Paz, los indígenas de tierras bajas son gasificados y atacados con fiereza por el camión lanza aguas de la policía, y simultáneamente, en las alturas de Potosí otro grupo de indígenas quechuas secuestra gente y  hace de las suyas porque la policía los mira impotente desde la distancia, entretanto el supremo caudillo coge un helicóptero o el avión presidencial y se larga de su palacio para inaugurar cualquier obra secundaria como si se riera en los problemas más importantes.
La dureza con unos
O no será importante que los indígenas del Tipnis estén ya una semana en la urbe paceña, acampando en las calles adyacentes al palacio de gobierno, en medio del frio invernal, que no es poca cosa a 3.600 metros de altura para esa gente venida de tan lejos, de sus cálidos llanos, y encima acompañados de sus niños.
Una semana lejos de sus pagos, tiritando de frio en sus ligeras carpas de poliéster y ¿acaso el “hermano” presidente tuvo la hidalguía de invitarlos a dialogar frente a frente? Nada de eso.  Al contrario, sus ministros echan lodo a sus dirigentes en toda conferencia de prensa y por si no bastara nos bombardean en todos los canales con spots de televisión mellando la dignidad de esos cabecillas.
Centenares de niños y mujeres, aquejados con enfermedades respiratorias  a pesar de haberlos llevado a un coliseo deportivo, con todo el cansancio reflejado en sus ojos por la larga espera. Con infinitos problemas digestivos por la dieta extraña: “extraño el pescado”, dicen quejumbrosos a una reportera.
Los marchistas indignados por la indiferencia gubernamental, reforzados por ambientalistas y otros activistas pretenden ingresar a la plaza murillo. Es tarea imposible atravesar la barrera policial, que muy bien pertrechada responde con furia a los palos de los manifestantes. La lluvia de gases dispersa a la gente y la tromba de agua del carro Neptuno se lleva por delante a varias carpas, empampando a sus ocasionales ocupantes, entre ellos gente mayor que descansaba, pero a quién le importa la salud de algunos viejos.
Cuando los periodistas interrogan al ministro de Gobierno sobre la violencia indiscriminada de los agentes policiales, éste muy tranquilo responde que la cuestión debería trasladarse a los dirigentes de la marcha, y preguntarles qué hacían tantos “infiltrados” de la derecha y ecologistas en medio de la manifestación. 
Ni así, ni aunque murieran varios indígenas, días antes durante la marcha al embarrancarse una camioneta de apoyo, en la carretera de Los Yungas (una vez más); el Gobierno no se digna a atender sus demandas, al contrario nos muestra videos grabados donde firma convenios con supuestos caciques, ninguneando a los dirigentes de la IX Marcha y acusándolos de que estos han perdido legitimidad porque tienen fines políticos y buscan tumbar al gobierno “democrático” de Evo Morales. 
La espera sigue, en el ambiente queda la sensación de que el gran cacique de tierras altas se mofa de los “hermanos” caciques de tierras bajas. Cansarlos, cansarlos, hasta que se vayan de La Paz, mientras tanto acusarlos de golpistas viene bien. 
La benevolencia con otros
Casi paralelamente a lo que sucede en La Paz, en una comunidad rural de Potosí, un  grupo de pobladores quechuas tomó por asalto las instalaciones de una empresa minera canadiense que hacía prospecciones en la zona. Aparte de destrozar material valioso, secuestraron a 5 empleados que no tuvieron tiempo de huir. Bloquearon todos los caminos de acceso y se parapetaron en los cerros como si estuvieran en guerra, armados de dinamita, hondas y piedras. Durante días, ningún personero del Gobierno le dio importancia al asunto, a pesar de la preocupación del gobernador potosino. 
Ni el pedido clamoroso de los familiares de los secuestrados pareció conmover al presidente, a quien le bastaría hacer un llamado a sus “hermanos” indígenas para que depongan actitudes.  Como era de esperar, no intervino para nada,  delegando el problema a sus ministros. Tras días de tensa espera y ante la pasividad de las autoridades aumenta la belicosidad de los comunarios que amenazan de muerte a todo reportero que se asoma al sitio. 
Se manda un contingente policial, insuficiente en número y mal equipado (es curioso el contraste con los policías acorazados y armados hasta los dientes en La Paz para reprimir a los indígenas orientales), al contrario, esos efectivos llevados caóticamente al sitio minero no tienen ni siquiera ropa de abrigo. La policía toma posiciones en la zona y al poco tiempo es emboscada por los comunarios (el mismo ministro de Gobierno lo afirmó), en el enfrentamiento muere un indígena y quedan muchos heridos, incluyendo un policía desaparecido.
Ante la escalada de violencia, se teme por la vida de los secuestrados. Temor plenamente justificado por los antecedentes de un hecho anterior en una región cercana, donde toda una comunidad de campesinos que protegía a contrabandistas, secuestró y posteriormente linchó salvajemente a cuatro policías que investigaban en la zona. Los familiares tuvieron que suplicar por los cuerpos a condición de que no se enjuicie a los comunarios. Al día de hoy, nadie está detenido por estos crímenes atroces, que se amparan en la mal llamada justicia comunitaria.
La situación se torna confusa, ni las mismas autoridades tienen información clara. Las imágenes de televisión testimonian claramente la falta de presencia estatal en la zona, convertida en tierra de nadie. Al fin sucede una noticia tranquilizadora: tres rehenes logran fugarse de sus captores y llegar hasta posiciones de la policía, como era de esperar el Gobierno se aprovecha de la circunstancia para mostrar repentinamente que se preocupa de la salud de los secuestrados.
Entretanto, una comisión de ministros y representantes de Derechos Humanos se trasladan al lugar y emprenden negociaciones. Finalmente, ayer domingo se logró un convenio, donde el Gobierno se comprometió a revertir la concesión minera además de no emprender ninguna acción judicial a los dirigentes de la comunidad. Los tres rehenes que quedaban fueron liberados, incluido el policía que se daba por desaparecido. 
Pero aquí viene un consecuencia surrealista del asunto: los dos ingenieros apresados, a quienes se maltrató física y psicológicamente durante una semana,  fueron conminados a entregar 1.000 adobes de barro a la comunidad, en un plazo de treinta días, según el fallo de los justicieros comunitarios. Al policía retenido lo torturaron una y otra vez, tanto que no se podía tener de pie cuando lo subían a un coche para trasladarlo a un hospital. Dónde se habrá visto que los victimadores exijan compensación de sus víctimas, que alguien me explique por favor.
En el aire queda la interrogante de qué sucederá si los secuestrados no cumplen con la sanción de los “jueces” comunitarios. ¿Mandarán a sus policías sindicales para hacer cumplir su ley o el Gobierno enviará a un fiscal de materia?...¿en qué época vivimos?... ¿quién gobierna en este país?