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Ciudad de Buenos Aires
Es un hecho sin precedentes que un país acepte incluir en el sistema público de salud a todas las terapias naturales, para que puedan convivir en igualdad de condiciones con la medicina denominada “oficial”.
Si bien en Suiza, y gracias a un referéndum vinculante convocado por la propia Sociedad, pueden escoger algunas de las terapias naturales aún prohibidas en la mayoría de países de la Unión Europea, lo de Nicaragua va a significar, a medio y largo plazo, tener experiencias convalidadas por los servicios públicos de salud, de la efectividad de todas estas terapias no agresivas y de pocos efectos secundarios.
Una gran iniciativa que a bien seguro atraerá muchas personas deseosas de tratarse con terapias perseguidas o al menos mal vistas, en otras latitudes
El Agua de mar, las Teorías de Hamer sobre el cáncer, Ayunoterapia, Constelaciones Familiares, Homotoxicología, Terapia Floral, Reiki, etc, todos los diferentes conocimientos se podrán aplicar en Nicaragua buscando la medicina total, holística o integrativa. Incluso chamanes y curanderos, si demuestran su efectividad podrán ser reconocidos oficialmente para trabajar legalmente.
En la Argentina hubo un intento similar al nicaragüense en un intento de regular los abusos de la industria farmacéutica, por parte del Presidente Arturo Humberto Illía, médico él, que lamentablemente no encontró eco y terminó cuando se produjo el golpe de estado que terminó derrocándolo en 1966 en manos del general Juan Carlos Onganía.
La Ley 16.462 -también llamada Ley Oñativia en homenaje al Ministro de Salud Arturo Oñativia- fue aprobada por todos los bloques, excepto UDELPA y la Federación de Partidos del Centro, y sancionada el 28 de agosto de 1964.
Establecía una política de precios y de control de medicamentos, congelando los precios a los vigentes a fines de 1963, fijando límites para los gastos de publicidad, imponiendo límites a la posibilidad de realizar pagos al exterior en concepto de regalías y de compra de insumos.
La reglamentación de la Ley mediante el Decreto 3042/65 fijaba además la obligación para las empresas de presentar, mediante declaración jurada, un análisis de costos y a formalizar todos los contratos de regalías existentes.
Esta ley surgió a partir de un estudio realizado por una comisión creada por el Presidente Illía sobre 300 mil muestras de medicamentos. Muchos de estos medicamentos no eran fabricados con la fórmula declarada por el laboratorio y su precio excedía en un 1.000 % al costo de producción.
Partidarios, opositores y observadores imparciales coincidieron en que esta política tuvo un peso decisivo en el proceso político que culminara con el derrocamiento del presidente a manos de un golpe militar.
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