El juez José Castro se ha atrevido a imputar a la infanta Cristina, algo que no se puede tolerar en un país en el que la monarquía parece intocable por muy corrupta sea. Por eso, la maquinaria político-mediática conservadora ha iniciado una campaña de desprestigio contra el magistrado.
La Casa Real ha criticado abiertamente la imputación, pisoteando la supuesta independencia de la monarquía respecto a los poderes del Estado.
Los ataques a la independencia judicial vienen también del PP, que ha calificado a Castro como “juez estrella” con el fin de descalificar su actuación, algo comprensible ya que los principales emisores de dinero público a Iñaki Urdangarin fueron la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares (gobernadas por los populares).
Como siempre, para sostener los intereses de la oligarquía poderosa están los medios de comunicación de turno. No hay más que ver las críticas al juez Castro de las portadas de los “prestigiosos” periódicos La Razón y ABC.
Una vez más ambos diarios son meros títeres de la ejemplar monarquía española (la misma de la que no sabemos todavía si ha regularizado la herencia de Juan de Borbón o continúa en Suiza).
También está la versión más light de defensa de la monarquía, la que intenta salvarla vendiendo al príncipe Felipe como un gran hombre de Estado (ahora va a resultar que escribe sus propios discursos…), vamos que con él la monarquía molaría mucho más. Es el caso de El País y El Mundo.
Es evidente que, por mucho que la ciudadanía o algunos jueces lo quieran, la justicia no es igual para todos. Un ejemplo de ello es el recurso del fiscal anticorrupción de Baleares a la imputación de la infanta Cristina, a pesar de los 14 indicios que Castro señala en su auto, algo verdaderamente insólito.
La monarquía continúa gozando de privilegios y de poderes injustificables en una sociedad democrática. No se puede permitir que un Gobierno, como el de Mariano Rajoy (supuestamente soberano), tenga que negociar con la Casa Real su inclusión y los términos de la misma en la ley de transparencia.
Es inconcebible para la ciudadanía que haya una institución por encima del resto, es una situación antidemocrática amparada por PP y PSOE durante los últimos 35 años que hace necesario un referéndum para que el pueblo español acabe por fin con la monarquía y emprenda un proceso constituyente hacia una república social y democrática.