Hace poco más de un año en el mundo había 925 millones de personas sin acceso a alimentos, de acuerdo con datos ofrecidos Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Lo paradójico, señala la activista Esther Vivas, es que nunca en la historia se habían producido tantos alimentos.
Citando a la FAO, Vivas nos recuerda que en el mundo se produce comida para 12.000 millones de personas cuando en el planeta habitan 7.000 (ver artículo publicado por El País).
“La alimentación no es hoy un derecho garantizado. El creciente monopolio del sector agroalimentario supedita la necesidad de comer al lucro económico. Unas pocas empresas transnacionales controlan cada uno de los tramos de la cadena alimentaria, desde la producción en origen pasando por la transformación hasta la distribución final, consiguiendo enormes beneficios gracias a un modelo agroindustrial liberalizado y desregularizado”, escribe Vivas en su libro Del campo al plato.
Todo esto nos muestra que el verdadero problema no está en la producción de comida sino en el acceso a la misma, como lo señalaba nuestra compañera Carol Reynoso, a propósito del aumento del precio de la quinua en Perú, un grano básico en la dieta de los pueblos andinos que se ha vuelto casi inaccesible.
“Pero no sólo la comida se ha convertido en un bien al servicio del mejor postor, los recursos naturales que deben de garantizar la producción de alimentos, como el agua, las semillas, la tierra…, que durante siglos habían pertenecido a las comunidades, han sido expoliados y privatizados. Esto impide el libre acceso de los pueblos a la producción y al consumo de alimentos”, enfatiza Vivas en el libro citado.
En este sentido, Dolores Sales, de Vía Campesina de Guatemala nos explicaba: “Hemos vivido la restricción del acceso a la tierra para producir nuestros alimentos. Ha prevalecido el interés del mercado, al que le interesa la ganancia. Es contradictorio que haya desnutrición y que haya hambruna, lo que ocurre es que las tierras no están en nuestras manos sino en manos del Estado, de los grandes terratenientes o de las transnacionales”.
Esther Vivas se hace eco de las palabras del relator de la ONU para el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, quien sostiene que “el hambre es un problema político. Es una cuestión de justicia social y políticas de redistribución”.
“La solución al hambre es fácil, sólo falta voluntad y menos servilismo. No se trata de producir más, ni mucho menos cultivar los peligrosos transgénicos, lo que debe hacerse es evitar el enorme desperdicio en los países desarrollados, a la vez que se protege a los productores nacionales”, reflexiona por su parte José Solano de Equipo Crítica.
Imagen: Juan Mercado/Global Humanitaria