Ahora creció la pesca en san andrés

No es mi propósito hacer un análisis detallado del fallo que recientemente emitió la Corte Internacional de Justicia de La Haya, con los resultados que hoy son de conocimiento hasta del perro y el gato, independientemente de que muchos sepamos o no qué fue lo que realmente sucedió, por qué pasó lo que pasó (la Corte ratificó la soberanía de Colombia sobre siete cayos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que estaban en disputa: Alburquerque, Serrana, Serranilla, Roncador, Quitasueño, Este Sudeste y Bajo Nuevo; al tiempo que le otorgó a Nicaragua una importante cantidad de mar que antes era propiedad de Colombia, en los alrededores de los cayos Quitasueño y Serrana).

Si no me detengo en este asunto, es porque no tengo un dominio al respecto, sobre todo en lo de carácter técnico; pues, lo que respecta a las consecuencias económicas y sociales en detrimento de San Andrés y de Colombia en general, es algo que no implica ser un experto para comprenderlo: Habrá afectación negativa en el turismo, en lo económico (pérdida de recursos ictiológicos, de flora y fauna, de hidrocarburos, entre otros recursos naturales ya identificados, y otros que podrían hallarse), y en lo social en general. Igualmente, quisiera uno que no fuera así, pero esto hace pensar que ahora, al haber territorio colombiano en mar de Nicaragua, se presentarán frecuentes roces diplomáticos por eventuales violaciones de la soberanía de cada país. Todo dependerá de la prudencia con la que se maneje la situación, lo cual obliga a que se utilice de parte y parte un lenguaje no provocador, nada hostil entre sí.Por otro lado, me parece que no debemos desgastarnos en algo (el fallo como tal) que no tiene reversa, pues tiene carácter de inapelable y de cumplimiento inmediato, guste o no. 

Manifiestan los expertos en la materia que lo único que podría hacerse para que el fallo tuviera marcha hacia atrás, sería no acatarlo; algo que, pese a la pataletas del Gobierno (el mismo que hoy es acusado por los supuestos desaciertos en la estrategia de defensa, aclarando que el litigio llegó a la Corte no en el Gobierno de Santos, sino prácticamente al inicio de los desgobiernos de Uribe) considero remoto; al menos que se quisiera quedar a un paso de un eventual conflicto bélico con Nicaragua (entre otras consecuencias políticas, económicas y sociales en general negativas para el país); lo cual, inevitablemente, involucraría a muchos otros países del Mundo; pudiéndose hasta desatar (no me parece descabellado pensarlo) una guerra mundial, si tenemos en cuenta los países que entrarían a respaldar a las partes en conflicto. Esto puede sonar hiperbólico, pero no lo estimo así. Aunque, mejor, dejo de caer en el juego del tremendismo.

Dicen los entendidos que lo único que puede hacer Colombia ante La Haya es solicitar una revisión del fallo, o una aclaración del mismo; lo cual no garantiza que éste sea reversado.Colombia se sometió a la Justicia de la Corte de La Haya sabiendo que sus fallos son inapelables, de cumplimiento obligatorio ("el que busca su cojongo, que se lo eche al hombro"); por eso me parece inaceptable que, en medio de lo duro que a los colombianos nos ha resultado el fallo, se pretenda desconocerlo; como ha propuesto el matarván Uribe Vélez. Nada más se puede esperar de alguien acostumbrado a pasarse la Ley por la faja; y él lo hace, seguramente, como una forma de tender una cortina de humo frente a los cuestionamientos que han surgido por la forma como nuestro país asumió el proceso de defensa o alegatos ante la Corte de La Haya, sabiendo que él era quien estaba a la cabeza del mismo desde cuando inició a desgobernar, en 2002. 

¿Desconocer un fallo cuando en Colombia nos ufanamos de ser un paradigma de Democracia, un Estado Social de Derecho? En efecto, la Ley es dura, pero es la Ley.Lo que me motivó a escribir esta nota es, en esencia, el hecho de testimoniar cómo hoy tanta gente anda alborotada por lo de San Andrés ¡Claro!, hay razones; lo que no debe haber es aceptación de un chovinismo hipócrita de muchas personas que, sólo ahora cuando se produce el fallo en referencia, en una actitud inusitada muestran interés por los compatriotas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; quienes, a lo largo de muchos años de historia, han sido abandonados a su suerte, discriminados, utilizados. No es justo, ni aceptable, que sea en este momento cuando surjan voces de lástima hacia ellos; menos, pues, si están preñadas de hipocresía.

Prueba de la segregación estatal contra San Andrés, es que ahora el Gobierno Nacional, conociendo las repercusiones negativas del fallo,en lugar de anunciar categóricamente desde ya unas medidas de choque para hacerle frente a la crisis, lo que ha dicho es que "estudiará la posibilidad de declarar una emergencia económica y social para San Andrés". ¡Vea, pues!, es como si se insinuara que la situación de San Andrés (no sólo ahora con lo del fallo, sino desde antes) no amerita ser atendida con soluciones estructurales, no con paños de agua tibia, como ha sido lo usual con este territorio. 

Realmente, pienso que si el Estado continúa siendo indiferente con San Andrés (únicamente mirando hacia allá cuando se trata de ir a pasear, a darse la buena vida), lo pertinente es que sus habitantes retomen sus propósitos independentistas (Territorio Insular Autónomo), o que hagan cualquier otra cosa bien contundente -no sé cuál- para que les puedan parar bolas. Por supuesto, contundencia no necesariamente implica apelar a la violencia. Preciso esto para que no se vaya a interpretar como si yo anduviera en el plan de incitar a la irracionalidad.

En este caso pienso que se configura lo que dice un refrán: "No hay mal que por bien no venga"; pues, de no ser por este fallo adverso para Colombia, pero sobre todo para las gentes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina -por ser quienes sentirán directamente sus consecuencias nefastas-, no estaría el Gobierno Nacional pensando en serio (si es que de veras lo está) para, de una vez por todas, preocuparse por mejorar sus condiciones de vida que, sin lugar a dudas, son precarias.Respeto las opiniones de quienes, definitivamente, consideran que lo que se debe hacer es desacatar el fallo de La Haya. 

Insisto, lo pertinente, y que no debe ser cosa de procesos dilatorios, es recomponer el mapa socio-económico de San Andrés, entregándole un mar de beneficios; pero, eso sí, no como un premio de consolación, sino como una forma de hacer justicia con nuestros compatriotas isleños, porque así lo merecen.Igualmente, en lugar que pretender armar camorras, que pueden conducir a empeorar la situación, lo que hay que hacer es sentarse a dialogar con Daniel Ortega, para tratar de lograr acuerdos que permitan que la gente de San Andrés pueda transitar y pescar en jurisdicción de Nicaragua, y viceversa, sin que haya situaciones que lleguen a poner en riesgo la tranquilidad de los moradores de ambos países. Es con el diálogo, entonces, como en este caso hay que procurar superar algunas diferencias que ya son de carácter procedimental, porque lo jurídico, quiérase o no, ya está definido. 

Comprendo la inconformidad del pueblo sanandresano y, por supuesto, me uno totalmente a ella; pero, lo que no me parece bien es que éste se deje embolatar por quienes, en lugar de buscar soluciones, lo que pretenden es pescar en río revuelto. No hay que, entonces, hacerles el juego a los oportunistas, que se han dedicado a tirar sus atarrayas en San Andrés. Ahora, cuando se ha perdido mar, se incrementó la pesca allí. Sí, los pescadores son, pues, los que quieren aprovechar el fallo de La Haya para pescar incautos.Con el debido respeto digo que se equivocan las gentes de San Andrés si llegan a considerar que el pleito es con Nicaragua. Es al Estado de Colombia, reitero, a quien tienen que reclamarle por el abandono al que éste lo ha sometido durante mucho tiempo.

Valga señalar que no entiendo cómo el pueblo sanandresano habla a boca llena de autonomía, siendo que hay una dependencia casi que absoluta del Estado colombiano. Ninguna comunidad podrá ser completamente autónoma mientras dependa de un Estado. Pienso que el espíritu de rebeldía que han tenido los hermanos sanandresanos, no se debe confundir con autonomía. Esta palabra equivale a independencia, algo que San Andrés no ha hecho. Lo ha intentado, pero no se ha materializado; pues, hasta hoy sigue siendo territorio colombiano.

Nicaragua no tiene la culpa de que el fallo de La Haya le haya sido favorable, entregándole una gran porción de mar (dicen que más de 75 mil kilómetros) con sus riquezas naturales. Las reclamaciones, o las manifestaciones de cólera de los sanandresanos, deben tener como destinatario el Gobierno Colombiano; que es el que, durante muchos años, los ha tenido recibiendo migajas; que es el que diseñó las estrategias para hacerle frente al litigio en La Haya. 

Los que dominan este tema dicen que fueron varias las fallas que se cometieron desde el mismo momento cuando el litigio con Nicaragua llegó a La Haya; y resulta que ahora el Congreso de Colombia y la Procuraduría General de la Nación dicen que iniciarán procesos para establecer eventuales responsabilidades. Desde luego, sería bueno que si alguien falló, asuma las consecuencias; pero, a decir verdad, esto me parece que no es más que un saludo a la bandera, un desgaste más, otro embeleco; pues, estoy seguro de que nadie, aunque lo merezca, recibirá un castigo; ni los expresidentes, ni Santos, ni los cancilleres involucrados, como tampoco los expertos que intervinieron en la defensa de Colombia, actuando en condición de particulares contratados por el Estado, con unos honorarios multimillonarios.

Con lo que he comprendido por las explicaciones de personas avezadas en este asunto, me parece acertado que el Gobierno de Colombia esté pensando en un eventual retiro de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sobre todo cuando existe la percepción, o casi la certeza, de que ella tiende a fallar salomónicamente ("Esto para A, y esto para B"); habiendo unos conflictos territoriales pendientes, con Ecuador, con Venezuela, y hasta podrían surgir otros. Eso sí, hay que tener en cuenta que dicho retiro sería inocuo o inoperante frente al reciente fallo de La Haya, pues el Tratado que vincula a Colombia con esta jurisdicción establece, en el Artículo 55, que "el retiro de la jurisdicción no tiene efecto alguno sobre los procedimientos pendientes iniciados antes de transmitido el aviso respectivo". Es decir, el retiro tendría efecto únicamente para eventuales reclamaciones, entrando en vigencia éste un año después de presentarse la solicitud formal. 

Mucha sindéresis, entonces, se necesita en torno del manejo de la diplomacia colombiana, si es que no queremos tener otras sorpresas.Existen diferentes mecanismos por medio de los cuales el Gobierno puede consultarle al pueblo si desea que se acate o no el fallo. Me parece que sería una buena opción para legitimar un sí o un no. Eso sí, en caso de hacerse una consulta a la gente se le debe hablar claramente, para que sepa cuáles podrían ser las consecuencias si no se cumple el fallo de La Haya; como también, desde luego, qué se pierde si éste se obedece.

Finalmente, considero que la gente de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no debe prestarse para el juego de quienes hoy, escudados en un nacionalismo extremo que no dejo de considerar como hipócrita (desde luego, hay quienes sienten el problema con sinceridad; y, en esa medida, proponen acciones racionales), no pretenden más sino pescar en río revuelto; procurando intereses personales políticos (politiqueros), económicos y de otros tipos. No me atrevo a vaticinar en qué, finalmente, terminará esta situación sobre si acatar o no el fallo. Ruego que sea para bien de todos, antes de que todo se convierta en un completo despelote.

Bastante acertado lo que dijo Gustavo Petro, Alcalde de Bogotá: "Nos preocupa hoy perder mar; pero, llevamos dos siglos regalando nuestros recursos naturales. No ejercemos soberanía real". 

Insisto, esta situación del fallo de la Corte Internacional de Justicia hay que manejarla con pies de plomo, sopesando los beneficios y perjuicios de las eventuales decisiones que finalmente se adopten al respecto. No hay que dejarse llevar por las emociones. Dice un adagio que "de la precipitud no queda sino el cansancio".

Todo lo que se haga con relación al fallo, deberá enfocarse, especialmente, en garantizar que la gente de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tenga medidas efectivas para remediar los males que, ineluctablemente, producirá el mismo, que los deja con 75 mil kilómetros menos de mar. En esto el Gobierno Nacional, como también los entes territoriales del Archipiélago, no deben escatimar el mínimo esfuerzo.