(Por motivos de seguridad, omitimos el nombre de los autores de este artículo escrito desde la capital de Guatemala)
A treinta años de ocurridos los hechos y más de diez de haber puesto la denuncia por los sobrevivientes y víctimas del genocidio bajo el mandato del general Efraín Ríos Montt, el Sistema de Justicia de Guatemala había confirmado lo denunciado durante este tiempo para que los dichos delitos de lesa humanidad fueran castigados para garantizar que nunca más se volvieran a cometer.
Sin embargo, ayer la BBC informaba de que “la Corte Constitucional de Guatemala anuló este lunes la sentencia de 80 años de prisión impuesta por genocidio al exgobernante de facto”. “Según los magistrados la decisión se basó en un error de procedimiento al dictarse sentencia sin esperar el resultado de una recusación que introdujo la defensa”, indica la cadena británica.
La sentencia dictada el pasado 10 de mayo y ahora revocada, tomaba en cuenta los peritajes sobre racismo y genocidio, entre otros, aportados por el Ministerio Público. Existe además la prueba documental contenida en el Plan Victoria 82, Plan Firmeza 83 y Plan de Operaciones Sofía, en los cuales se evidenciaba que el ejército estigmatizó de rebelde y subversivo al pueblo Ixil y por lo tanto entraba en la categoría de enemigo interno, por lo que debía ser eliminado.
El Tribunal constató que la intencionalidad de eliminar al grupo étnico maya Ixil, siendo el racismo la base para el genocidio, violaba los principios de derecho internacional humanitario. También la sentencia hacía referencia al peritaje del general José Luis Quilo Ayuso, quien confirmó que el general Ríos Montt tenía mando y conocimiento de lo que ocurría.
Esta histórica sentencia condenatoria en contra del ex jefe de Estado de Guatemala Efraín Ríos Montt, por genocidio y crímenes de lesa humanidad, constituía un hito muy importante en el sistema de justicia del país y representaba un paso importante hacia la reconciliación y la construcción de nuevas relaciones entre el gobierno de Guatemala y los pueblos indígenas del país.
La sentencia también establecía una reparación digna a las víctimas del genocidio, lo que obligaba al Estado de Guatemala a reconocer estos actos crueles y a que se incorporase en los planes educativos el estudio del genocidio Ixil; esto permitiría a los niños y niñas conocer el pasado histórico de este país y que afectó principalmente a la población indígena, pobre y del interior, para dejar de ser un tema tabú.
El conflicto armado interno dejó una horrenda cifra de 250 mil víctimas directas, más de un millón de desplazados y refugiados y alrededor de 50 mil personas desaparecidas.
Tras la anulación del fallo, “todos los testimonios y declaraciones escuchados van a tener que realizarse nuevamente ante el panel de tres jueces, así como las declaraciones finales de ambas partes”, de acuerdo con el corresponsal de la BBC.
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En la imagen, Ríos Montt durante su gobierno de facto en 1982.
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