Es un clamor la solicitud por parte de los españoles, de una inmediata y drástica solución a la insostenibilidad de un estado absurdo, desmesurado y voraz que consume los recursos de los españoles sin que reciban a cambio prestaciones acordes al aporte de cada uno.
El crecimiento inorgánico, sin planificación, sin modelo, impulsado únicamente por las necesidades de apoyo de un gobierno central que cede competencias a los nacionalistas cada vez que necesita aprobar presupuestos, ha dado lugar a que resulte un Estado autonómico monstruoso, deforme e inmanejable, en el que proliferan las duplicidades o triplicidades, las redundancias y los excesos administrativos con un coste que no podemos seguir sufragando.
Es tal el caos en el estado debido a este sistema de administraciones superpuestas compitiendo entre sí , que estamos actualmente manteniendo una infinidad de organismos públicos duplicados y redundantes, con exactamente las mismas competencias, como por ejemplo Defensores del pueblo, órganos consultivos, observatorios; embajadas, oficinas comerciales y de turismo; jurados de expropiación estatales y autonómicos; institutos de estadística, institutos meteorológicos; agencias de protección de datos, tribunales de cuentas, etc.
Todo esto es excesivo, y estamos tardando demasiado en darle fin.
A lo anterior debe unirse la inexistencia de coordinación entre CC.AA. lo que ocasiona una falta absoluta de racionalidad en la prestación de servicios a los ciudadanos. Finalmente, la falta de rendiciones de cuentas y la falta de evaluación e información comparada de resultados también contribuye a incrementar el nivel de caos del estado. Debemos tener en cuenta que el grado de descentralización del gasto público que sufrimos en España es muy superior al que manejan algunos estados federados, pero sin tener los férreos controles que poseen dichos modelos de estado, lo que ocasiona desviaciones gigantescas que ni son corregidas ni son sus responsables sancionados.
Es absolutamente conocido y notorio que los actuales niveles de endeudamiento del estado están hipotecando el futuro de nuestros hijos y nietos, que se pasarán la vida financiando la juerga de una generación que contó con los políticos menos capacitados para gestionar el estado y con los ciudadanos más timoratos a la hora de exigir responsabilidades a la casta política que les arruinó la vida.
La mala gestión del Estado-CC.AA. nos cuesta a los españoles, según los cálculos más conservadores, unos 24 mil millones de euros. Algunos elevan esta cifra hasta los 80 mil millones. El cálculo de un conocido economista del estado, autor de libros sobre estas materias, cifra el coste en unos 50 mil millones de euros. Por tanto, optimizar la gestión y ahorrar anualmente esa cifra haría posible asumir la deuda externa en un plazo de 20 años sin recortar absolutamente ningún servicio o prestación que actualmente recibimos los ciudadanos.
Poco tiempo tenemos.
O los ciudadanos reaccionamos y exigimos que, entre otras cosas, nuestros gestores políticos asuman de una vez que es necesario aplicar criterios razonables de gestión en la administración del estado, o deberemos pedir perdón a las próximas generaciones por haber sido cobardes, timoratos y conformistas a la hora de poner a la casta en su sitio y por no dar la lucha para heredarles un país viable.