Nos parece obvio: haciendo que el cliente perciba el valor añadido que este servicio le ofrece. Pero esto no depende de los técnicos ni de los medios de comunicación, aunque empieza a intuirse que algún medio de comunicación se orienta hacia divulgar su utilidad y contenido y a hacer ver al cliente que un certificado fraudilento perjudica sus intereses.
Porque hemos llegado al punto en que muchas empresas fingen que pagando 30 o 40 euros al técnico se puede cumplir la normativa sin perjudicar al cliente. Y todos sabemos que así el resultado no vale para nada. Y el que no lo sepa que se vaya enterando. Pero la mala praxis profesional es lo habitual, y el que quiere cumplir honradamente con los clientes parece que sea imbécil.
Solo el Estado tiene fuerza para revertir la situación, para lo que solo debe cumplir con la obligación divulgativa e informativa que el propio Real Decreto establece. Pero es patente el nulo compromiso de los poderes públicos con su propia legislación. Y es que, admitámoslo, el Gobierno no tiene ningún interés en fomentar la eficiencia energética. La propaganda dice una cosa y los hechos dicen lo contrario. Pregúntese, sin ir más lejos, lo que opina el sector de las Energías Renovables y los ciudadanos de a pie del “impuesto al sol” que pretende penalizar el uso de los sistemas de este tipo.
Nadie informa al público, ni lo hará en el próximo bienio, del alcance y beneficios de la Certificación Energética para la economía del país, y así las opiniones absurdas campan a sus anchas sin contrapeso alguno. El primer efecto es que el certificado ha pasado de ser un servicio profesional a una “commodity” que se compra y se vende. Muy peligroso, porque eso lleva a la venta de etiquetas A, que ya es patente en algunas webs: “Chalet en tal pueblo de Murcia, 45 años de antiguedad, etiqueta A”. Visto en una web-agencia inmobiliaria para “encontrar ya” viviendas. Y claro, este chalet se anuncia más caro que el de sus vecinos de área.
Así, aparecen opiniones como la de la OCU que recomienda un certificado “telemático” (ver en este mismo blog). Opinión que sin duda deriva de su primera postura de considerarlo “un impuesto y un abuso más para los propietarios” (literal). Quizá olvida que tantos derechos como consumidor tiene el que compra un piso como el que lo vende, y eso de incitar a falsificar el certificado y perjudicar con ello al consumidor que “hereda” el certificado…. qué feo.
Pero no olvidemos que la OCU es un negocio, y que ha pasado de rasgarse las vestiduras a ofrecer el servicio a sus asociados mediante la “fórmula OCU”. En fin, este asunto del certificado energético se está convirtiendo en la parada de los monstruos. Cada día aparecen cosas más esperpénticas sin que nadie ponga orden ni freno.
¿Qué porcentaje de los certificados registrados hasta la fecha cumple la normativa? Se admiten apuestas (a la baja). Empecemos por el 25%. ¿Qué opináis los técnicos y los clientes? Pero por favor, absténganse los intoxicadores, ya tienen sus propias webs de “certificado instantáneo” para ello.