Duplicidades Estado – CC.AA. = Despilfarros = Estado Insostenible.

Palacio del Defensor del Pueblo en Madrid

Una de las demandas ciudadanas más extendidas por las Redes Sociales es la optimización de los servicios del estado. Es un clamor la solicitud de una inmediata y drástica eliminación de la gran cantidad de duplicidades existentes entre el Estado y las Comunidades Autónomas, pues no hacen más que encarecer la gestión del estado por el evidente despilfarro que significa que dos niveles del estado, y en algunos casos hasta tres,  presten a los ciudadanos exactamente el mismo servicio, lo que nos lleva inevitablemente a tener, como ya es notorio, un estado insostenible.

Suponemos que nuestros políticos, que de tontos tienen poquito, ya sabían el enorme despilfarro que significa duplicar la oferta de los mismos servicios, pero, mientras fluía el dinero barato y no había quejas por parte de los ciudadanos, no era un tema presente en el debate. Cuando la crisis realmente comenzó a apretar, se dieron cuenta los políticos que este estado de cosas era inasumible, y comenzaron a aceptar públicamente que las duplicidades existentes restaban eficiencia al estado y encarecían su gestión hasta límites intolerables. A mediados de Diciembre de 2010, el entonces Vicepresidente tercero del Gobierno, señor Manuel Chaves, anunciaba las intenciones del gobierno de llegar a un acuerdo con las CC.AA. para “mejorar la eficiencia del modelo autonómico y evitar las duplicidades en la ejecución de competencias”.  En rueda de prensa anunciaba también que el gobierno había encargado a la Agencia de Evaluación y Calidad, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la elaboración de un informe al respecto, que debería estar listo “en los próximos meses”.A mediados de Febrero de 2011, el Secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, informaba en la presentación de un libro en Palma de Mallorca, que el informe sobre duplicidades, que está elaborando el Ministerio de Política Territorial, espera verlo concluido el verano de ese año. Cabe destacar que dicho Informe, en caso de haberse elaborado, nunca fue hecho público, y en la web de la Agencia de Evaluación y Calidad (www.aeval.es) no figura en las listas de informes emitidos. En Junio de 2011,  el Consejero de la Presidencia y Portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, hace un llamado a las CC.AA. para colaborar entre sí  detectando y suprimiendo duplicidades para aminorar el déficit del sistema.Comenzando Diciembre de 2011, Mariano Rajoy anuncia que bajo la premisa de “una competencia, una administración”, creará un órgano “anti-duplicidades” que, según Javier Arenas, “tendrá un trabajo ingente a partir de 2012 ya que "hay multitud de asuntos públicos" en manos "de multitud de administraciones".¿Cómo hemos llegado a semejante situación? la respuesta es simple, la falta de un modelo constitucional autonómico y el hecho de que la descentralización de España se haya hecho, por una parte  para contentar a los nacionalistas, y por otra a impulsos electorales de los barones territoriales,  ha dado lugar a que resulte un Estado autonómico monstruoso, deforme e inmanejable, en el que proliferan las duplicidades o triplicidades, las redundancias y los excesos administrativos, con un coste que no podemos seguir sufragando.

Es tal el caos en el estado debido a este sistema de administraciones superpuestas que compiten en quién crea más burocracia y contrata a más amigos del partido reinante, que estamos actualmente manteniendo una infinidad de organismos públicos duplicados, triplicados y redundantes, con exactamente las mismas competencias, como por ejemplo  Defensores del pueblo, órganos consultivos, observatorios; embajadas, oficinas comerciales y de turismo; jurados de expropiación estatales y autonómicos; institutos de estadística, institutos meteorológicos; agencias de protección de datos, tribunales de cuentas, etc., lo que obviamente es un exceso que estamos tardando demasiado en darle fin.
A lo anterior debe unirse la inexistencia de coordinación entre CC.AA. lo que ocasiona una falta absoluta de racionalidad en la prestación de servicios a los ciudadanos.
Finalmente, la falta de rendiciones  de cuentas y la falta de evaluación e información comparada de resultados también contribuye a incrementar el nivel de caos del estado. Debemos tener en cuenta que el grado de descentralización del gasto público que sufrimos en España es muy superior al que manejan algunos estados federados, pero sin tener los férreos controles que poseen dichos modelos de estado, lo que ocasiona desviaciones gigantescas que ni son corregidas ni son sus responsables sancionados.
Resumiendo, en el tema duplicidades, el Gobierno del Psoe ordenó la elaboración de un informe que nadie conoce y que no está publicado en la web de los supuestos autores, por tanto, ni hay conclusiones ni menos se trazó un plan de acción para reducir a cero las duplicidades. Posteriormente, el gobierno entrante anuncia la creación de una comisión que pondría “negro sobre blanco” aquellas duplicidades y triplicidades del sistema que sería conveniente eliminar.   Nada sabemos los ciudadanos acerca de los integrantes de dicha comisión ni la fecha en que presentarán sus conclusiones. Es más, parece que actualmente no existe.
Lo anterior demuestra que los políticos saben perfectamente, como los ciudadanos,  que hay organismos del estado duplicados y triplicados en los diferentes escalones de la administración, pero, más allá de anunciar informes desconocidos o promesas de comisiones, todo esto para calmar a los ciudadanos, no tienen verdadera voluntad de acometer reformas de calado que eliminen radicalmente todas las duplicidades y triplicidades que no hacen más que encarecer nuestra administración hasta límites imposibles de financiar.Tenemos un estado absolutamente insostenible. Muchas definiciones de “sostenibilidad” existen actualmente, pero, la más adecuada, y la más usada en sectores de la Administración Pública es la incluida en el documento conocido como “Informe Brundtland”, de 1987, que nos dice “Desarrollo Sostenible es aquél capaz de satisfacer las necesidades de las presentes generaciones sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades”. Es absolutamente conocido y notorio que los actuales niveles de endeudamiento del estado están hipotecando el futuro de nuestros hijos y nietos, que se pasarán la vida financiando la juerga de una generación que contó con los políticos menos capacitados para gestionar el estado y con los ciudadanos más timoratos a la hora de exigir responsabilidades a la casta política que les arruinó la vida.La mala gestión del Estado-CC.AA. nos cuesta a los españoles, según los cálculos más conservadores, unos 24 mil millones de euros. Algunos elevan esta cifra hasta los 80 mil millones. El cálculo de un conocido economista del estado, autor de libros sobre estas materias, cifra el coste en unos 50 mil millones de euros. Por tanto, optimizar la gestión y ahorrar anualmente esa cifra haría posible asumir el servicio de la deuda externa sin recortar absolutamente ningún servicio o prestación que actualmente recibimos los ciudadanos.Poco tiempo tenemos. O los ciudadanos reaccionamos y exigimos que, entre otras cosas, nuestros gestores políticos asuman de una vez que es necesario aplicar criterios razonables de gestión en la administración del estado y procedan a eliminar todas las duplicidades y triplicidades existentes en nuestra administración, con sus correspondientes costes desorbitados y despilfarro, o deberemos pedir perdón a las próximas generaciones por haber sido cobardes, timoratos y conformistas a la hora de poner a la casta en su sitio y dar la lucha por heredarles un país viable.