Educador social. centros de menores

Centros de menores. Hace bastantes años trabajé en uno. El equipo profesional era excelente. Las condiciones en las que estaban los menores del centro de protección también. Luego, por mi trabajo actual, he visitado otros. Pero mi opinión sobre ellos es anecdótica e irrelevante.
Los centros de menores vuelven a ser noticia. Las noticias aparecen y desaparecen, como el Guadiana. El seguimiento mediático a los informes de febrero del Defensor del Pueblo es bastante pobre. No descarto que el poco interés de la prensa se deba en parte a la ausencia de imágenes. El periodista y el lector de hoy necesitan imágenes para mobilizarse, pero aquí no hay prostitutas follando en las calles. Faltan adultos y faltan fotos. La imagen de los menores está protegida y eso, paradógicamente, los hace vulnerables.

Ante las denuncias del Defensor del Pueblo y de sus homólogos autonómicos, algunos responsables de Infancia respondieron negando las acusaciones. Está bien que la gente se defienda, pero me parece inadmisible que ante acusaciones tan graves entre funcionarios del Estado la cosa quede, como si dijéramos, en tablas.

Una de las condiciones de la democracia es que el poder no se concentre en un solo lugar. En el caso de los menores tutelados el equilibrio entre poderes es más frágil: la familia es el Estado. Un equilibrio complicado: exige ser a la vez el mismo que protege al menor y el que protege al menor de ti.

Por supuesto que existen mecanismos de control. El Defensor del Pueblo es uno, la prensa, los propios profesionales que trabajan en los centros o en los departamentos de Infancia y, en última instancia, la Justicia. De hecho estos mecanismos están dando sus frutos y algunos centros donde se demostraron negligencias graves, como el de Villaconejos (Cuenca), han sido clausurados. Pero sigue resultando perverso que se deje únicamente en manos del mismo departamento denunciado la solución de un problema que a veces ni tan sólo reconoce.

Por eso creo que hacen falta inspecciones o auditorías independientes que hagan un diagnóstico certero sobre cada centro. Saber la verdad cuesta un riñón, lo sé, pero al menos que se gaste el dinero público en temas relevantes. Falta transparencia, porque la transparencia mejora las instituciones pero también corta cabezas.

Desde luego también hace falta una regulación clara de los centros de menores: difícil evaluar algo si no se tienen indicadores de lo que está bien o de lo que está mal. No estaría de más que los responsables de las autonomías unificaran criterios sobre tipologías de centros, ratios, profesionales, métodos disciplinarios, normas, accesos a los centros, costos, etc. Una especie de pacto donde la voz de los técnicos fuese relevante. ¿Ciencia ficción? Digo yo que los niños de Extremadura, Andalucía o Cataluña se parecen bastante como para poder llegar a acuerdos en este tema.

Hace tiempo que los educadores sociales y los colegios profesionales reclaman más profesionales y más recursos. La externalización de los servicios, me temo que imparable, no debería significar lo que significa en muchos casos: precariedad laboral y precariedad educativa.

Aunque de nada serviría aumentar los recursos sin un pacto que los ordene.

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