Según la ONU, como aparece en el texto de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la tortura es “infligir intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener información o una confesión, o de castigarla, intimidarla o coaccionarla, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
La ultima parte de la definición vincula la tortura con el ejercicio de los poderes públicos, relacionándola con la Administración Pública y, por consiguiente, la acción de los Estados. Se trata de uno de los delitos más graves en los que puede incurrir un Estado, un atentado contra los derechos humanos y como tal merece de protección internacional.
Pues bien, a pesar de toda esa protección en Tratados Internacionales que España ha firmado, el pasado 23 de noviembre el Gobierno concedió un segundo indulto a cuatro mossos condenados por torturas. Este hecho ha tenido gran repercusión y ha creado una importante alarma social que ha provocado incluso la reacción de doscientos jueces que firmaron un documento contra tal decisión.
Por un lado la figura del indulto supone la renuncia al ejercicio del poder punitivo del Estado, fundada en razones de equidad, oportunidad o conveniencia pública, criterios en este caso inexistentes. Además, como denuncian los magistrados suponen que el Ejecutivo está “usurpando” el papel del Poder Judicial, “trasladando a la judicatura un mensaje inequívoco de desprecio al situarla en una posición subordinada en el orden constitucional” que “dinamita” la separación de poderes y que es una decisión “grosera” e “impropia de un Estado de derecho” . Efectivamente, esta figura preconstitucional (viene de una Ley de 1870) supone la muerte total de la separación de poderes de Montesquieu en la que se fundamente un sistema democrático. De hecho, esta figura tiene su tradición en las medidas de gracia absolutistas que demostraban la superioridad del monarca por encima de la propia ley. Si además se trata de un delito tan grave como la tortura ejercida por la policía que la aleja de sus funciones democráticas, que no son otras que defender y promover los derechos fundamentales de la ciudadanía, suponen un agravante que no hace sino incompresible tal decisión. ¿O sí?
El mensaje es claro. Que a cuatro policías se les conceda el indulto por torturar a un ciudadano está diciendo que torturar sale gratis. Supone la tácita invitación a los cuerpos de seguridad del Estado a que si realizan esta deleznable práctica no pasará nada. Este hecho, además, adquiere mayor relevancia en las circunstancias actuales
Comenzamos a vivir momentos de una agitación social que, sin ser fuerte, aumenta día a día consecuencia de las políticas de recortes en derechos y prestaciones que está realizando el Gobierno de Mariano Rajoy. Se han vivido escenas propias de otros momentos históricos. A la ciudadanía se le han quedado grabadas las imágenes de los antidisturbios en Atocha el 25S o la reciente imagen del apaleo a un menor en Barcelona. Ante esto ¿que es lo que ha hecho el Gobierno? Por un lado apoyo político a las brutales actuaciones policiales bien por medio del propio Ministro Jorge Fernández, la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, o el Consejero de Interior de Catalunya, Felip Puig. Por otro, poner las medidas necesarias que permitan negar la evidencia: como ya anunciaron Interior estudia prohibir la difusión de imágenes de policías en internet y protegen la situación de NO IDENTIFICACIÓN de los policías dando largas al respecto (dice el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, que están “estudiando desde el inicio de la legislatura la posibilidad de estudiar alguna fórmula” para identificar a los antidisturbios, como si fuera algo complicado). De esta manera si no hay identificación del que cometió el delito no se puede hacer nada, como pasó con el caso de la mujer que perdió el ojo en las cargas policiales de Barcelona.
Identificación de antidisturbios en Alemania. Tampoco es tan difícil, ¿verdad?
Es decir, el Gobierno es consciente de que la agitación social va a ir en aumento. Sus políticas están dejando en situación de desamparo a muchos colectivos (dependientes, personas con discapacidad, trabajadores, enfermos…), levantando enfado en muchos sectores (educación, sanidad, justicia…) y está actuando en consecuencia para la que entiende que se avecina. Sólo así se puede comprender la denuncia del propio sindicato de policías, SUP, sobre los entrenamientos brutales para los antidisturbios o que, mientras se recorta en todos los ámbitos sociales, el Gobierno haya aumentado un 1780% el gasto en material antidisturbios y protección.
Es por nuestro bien
Parece que se avecinan tiempos convulsos y el Gobierno está tomando medidas al respecto. Medidas dirigidas no a solucionar los problemas sociales y económicos que vive España, sino a incidir en las movilizaciones que se puedan provocar consecuencia de su nefasta gestión política de la situación. Pretenden garantizar la paz social a su manera, amedrentando a la población, evitando la proliferación de manifestaciones que cuestionen democráticamente su acción de Gobierno. En este contexto el indulto de los mossos es un mensaje claro que el Gobierno manda a la sociedad, una advertencia, toda una declaración de intenciones. Una evidencia más de que se ha iniciado un camino hacia el terreno de las prácticas totalitarias en un país que se denomina democrático.
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