El Ocaso de las Autonomías

La autonomía, como la propia vida y todas las cosas grandes, es fácil de sentir, de practicar, pero muy difícil de explicar, aunque se pueda definir: autogobierno, regirse a sí mismo…
La autonomía territorial se instauró en la Transición a la democracia, a finales de los años setenta, tras dejar atrás cuarenta años de dictadura franquista. Entonces, para los españoles que comenzábamos a disfrutar de una incipiente democracia, la autonomía se nos presentaba como algo deseable y factible, como un buen camino que nos iba llevar a… ¡la libertad, al desarrollo, a dar vitalidad a las comunidades políticas territoriales!, en oposición al centralismo despótico. 

La descentralización política se presentaba como una profundización de la democracia y de la libertad individual. Y los novatos demócratas de 1978 nos lanzamos con ilusión a demandar una desconocida autonomía que, sin embargo, nos atraía ¡sentimentalmente!. Y nos dejamos llevar de los nacionalistas, del consenso entre los partidos y de lo políticamente correcto. ¡No todos!. ¡No completamente!. Yo mismo tenía dudas: la autonomía ¿era la solución de la cuestión regional o, más bien, un problema?

Por supuesto, no hubo un debate sobre la autonomía. Nadie advirtió entonces de que la autonomía tenía inconvenientes, ¡y grandes!. Solo unos pocos expertos manteníamos ciertas reservas sobre la bondad del resultado del proceso autonómico.
Yo escribí en abril de 1978 que “la autonomía regional, en sí misma, ni es el problema regional ni es su solución; la autonomía regional es precisamente el camino entre el problema regional y su solución. La autonomía regional será buena cuando nos acerque más a la solución de la cuestión regional. La autonomía regional será mala si nos aleja de tal solución. Por eso, la autonomía es, sobre todo, la esperanza, el camino, que ha de hacerse bien, con tiento”.
Estas frases mías escandalizaron entonces a algunos dogmáticos defensores de la autonomía –y de lo políticamente correcto- que alababan las teóricas ventajas de la descentralización política, pues eran partidarios de la primera concepción del federalismo fiscal.
Los “padres” de la Constitución, incapaces de llegar a un consenso en lo relativo a los preceptos reguladores de las autonomías, elaboraron un Título VIII que contenía una indefinición del modelo autonómico que, finalmente, dejaron abierto.  Esa apertura del modelo ofrece un potencial factor de inestabilidad y de enfrentamiento incesante entre el Estado central y las comunidades autónomas, porque no se estableció un techo o límite de competencias transferibles, pues incluso las competencias exclusivas del Estado podían llegar a ser transferidas.

El proceso autonómico español se caracterizó por la improvisación, el desconocimiento técnico, la componenda, el cortoplacismo y la ignorancia de las futuras consecuencias de la generalización de las autonomías. El intenso proceso de traspasos de competencias se realizó de una manera precipitada, sin analizar previamente qué servicios pueden prestarse mejor en el ámbito nacional y cuales en el ámbito autonómico, tal vez porque ese análisis no interesaba a los políticos.
Hoy, treinta y tres años después, es posible comprobar ya si se ha hecho bien o mal el proceso autonómico y si, en consecuencia, existen o no problemas y tensiones territoriales, motivados o no por la partitocracia avasalladora imperante.
Al examinar las Autonomías españolas, lo primero que llama la atención es que han multiplicado el número de políticos y de funcionarios, que son necesarios para que funcione –aunque sea mal- el mastodóntico Estado autonómico. Desde la Transición democrática hasta hoy el número de funcionarios y asimilados se ha cuadruplicado, siendo actualmente de unos 3,2 millones de personas. En cuanto al número de políticos existentes en toda España se calcula que está entre 80.000 y 100.000, habiéndose multiplicado también por cinco en los últimos treinta años.¡Demasiados políticos!. En España no hay pan para tantos políticos. Desconozco cuantos habitantes hay en España por cada político, pero la proporción debe ser una de las principales de Europa.
La autonomía territorial está afectando negativamente a la libre circulación de personas, mercancías y servicios; así como a la unidad de mercado por la infinidad de normas y restricciones existentes en los diversos territorios autónomos. Todo ello perjudica a la competitividad de los bienes y productos españoles en el mercado único de la Unión europea y en el comercio internacional globalizado. Por si la desunión de Europa no era suficiente, nosotros contribuimos a aumentarla con una Nación fragmentada en taifas autonómicas caciquiles, insolidarias, costosísimas y superendeudadas; es decir, insostenibles.

El principal inconveniente de la autonomía territorial es su altísimo coste, no siempre justificable, que se agrava porque la falta de control estatal facilita los despilfarros de los gobernantes de las CC.AA. que tienen que financiarse con una creciente deuda pública que está llegando a ser inasumible, y que pone en peligro tanto la supervivencia de la propia autonomía territorial como la posibilidad de endeudamiento de un Estado cada vez más exhausto.
Ya puede afirmarse rotundamente que el gasto de las comunidades autónomas convierte al Estado de las Autonomías en ruinoso e ineficiente, pues aunque esas comunidades pudieran irse emancipando del Estado centralista, se harían más dependientes de los especuladores financieros, por su incesante y crecienteendeudamiento, y se verían sometidas cada vez más a la tiranía de los mercados financieros globales. Desde luego, el altísimo y elevado coste del Estado autonómico es el problema central de la actual crisis española, que hace imposible lograr un crecimiento económico suficiente para crear puestos de trabajo.
Nuestro modelo autonómico es ruinoso para el ciudadano; pero, en cambio, es muy provechoso para los partidos políticos predominantes en una comunidad autónoma, nacionalistas o no, para la burocracia creada por la autonomía y, sobre todo, para unas oligarquías caciquiles que, organizadas en grupos de presión, manejan en su territorio los presupuestos públicos a su antojo directamente o por medio de políticos afines instalados en puestos clave. Desde luego, las autonomías son una fuente de poder y de puestos de trabajo para la clase política y para los militantes de los partidos políticos. Las CC.AA. mantienen legiones de políticos.
En resumen, el empobrecedor Estado de las Autonomías se encuentra ya en situación crítica por la concurrencia de varios factores:

- La voracidad despilfarradora de los gobernantes de las CC.AA., a pesar de la crisis económica de España.- Las CC.AA. están superendeudadas, lo que hipoteca la prestación de servicios sociales.- La generalización del caciquismo territorial y de sus redes clientelares en una democracia poco representativa.- La instrumentación de las Autonomías por los nacionalistas como medio de conseguir la independencia de sus Comunidades.

Los desmesurados recortes en los servicios sociales: en sanidad en Cataluña y Valencia, en educación en Madrid y Galicia, etc., en lugar de hacerlo en gastos identitarios y en “adelgazar” las enormes administraciones autonómicas y sus cuestionadas empresas públicas, están haciendo peligrar el Estado del Bienestar y la igualdad de todos los españoles, dado que el nivel de calidad de los servicios sociales que reciben depende de la comunidad autónoma en que residan.
En conclusión, el Estado de las Autonomías está en una profunda crisis, dado que el modelo autonómico no es viable por sus altísimos costes y sus exigencias financieras, que no se corresponden con su escasa eficiencia en la prestación de servicios al ciudadano. El mito de las ventajas de las autonomías para los ciudadanos se ha venido abajo. Desde luego, el Estado de las Autonomías es un engendro inviable, pues resulta política y financieramente insostenible, sobre todo cuando hay crisis económica.
Además, si llegase a ser necesario, ¿quién podrá rescatar a las CC.AA.?, porque el Estado español se ha convertido ya en residual, sin territorio y arruinado. ¡¡¡Nadie!!!. ¡El suicidio de las CC.AA. se habría consumado!. Por el costosísimo y superendeudado Estado de las Autonomías nos estamos convirtiendo en el Estado de los recortes económicos y sociales, acercándonos cada vez más a la insolvencia tanto estatal como de las CC.AA. La enfermedad que aqueja al Estado de las Autonomías es terminal, porque su bancarrota parece inevitable.
Llegado ese momento, Europa y los mercados financieros nos obligarán a elegir entre el mantenimiento de nuestras ruinosas Autonomías o nuestra pertenencia a la desarrollada Europa del euro. La desaparición del Estado de las Autonomías llegará a ser inevitable, por una mera cuestión de supervivencia. Esa será la inevitable consecuencia de que los políticos, con el enorme endeudamiento suicida de sus CC.AA., se hayan comido vorazmente su “gallina de los huevos de oro”: el empobrecedor Estado de las Autonomías, que es un engendro insostenible, una quimera inviable, un laberinto que, gracias a los compromisos con la Europa del euro, terminará por desaparecer. ¡Estamos ya en el principio del fin de las Autonomías!: es el ocaso de las Autonomías.
(Prefacio del libro "El Ocaso de las Autonomías" de Joaquín Javaloys)