El país de las marchas y contramarchas

Foto: Los Tiempos

Hace más de  tres meses que se produjo la marcha de los indígenas en defensa del parque nacional Tipnis. Como se recordará, luego de la intervención policial a la misma, el Gobierno se vio obligado a dejarlos llegar hasta la Paz, donde los marchistas fueron recibidos como héroes por la ciudadanía. Finalmente, ante la presión pública, el presidente Morales, negociando personalmente con los dirigentes tuvo que ceder en su empeño de construir la carretera atravesando el parque, congelando el proyecto. Para tranquilizar los ánimos caldeados, firmó una resolución conocida como Ley Corta, que establecía la “intangibilidad” del territorio en cuestión. Pero como estamos acostumbrados a que ninguna ley es parida sin trampa, el Gobierno, dispuesto a cobrarse la revancha, prohibió toda actividad económica dentro del parque, incluida la revocatoria de licencia de operación a agencias de turismo que operaban dentro de la zona,  en convenio con las organizaciones indígenas. Siendo algo quisquillosos, el Gobierno por poco les obliga a despojarse de sus ropas occidentales y que vuelvan a usar taparrabos, y a portar arcos y flechas para la caza de subsistencia. Nuestros indígenas no son los yanomamis de Brasil o arcaicos como los papúes. Hace más de un siglo que tienen contacto con los extraños, saben que el mundo gira y aprovechan algunas comodidades del progreso tecnológico sin que ello signifique renegar de sus tradiciones. Sin embargo, el Estado pretendía llevar el “progreso” hasta sus comunidades, atravesando el pulmón de su selva, con lo que conlleva una carretera asfaltada: tráfico intenso, polución, invasión de gente extraña, desechos de toda índole, alojamientos y prostíbulos de mala muerte,  y otros “beneficios” que arrastra el desarrollo. Ni hablar de cuántos animales salvajes mueren aplastados en las vías.Como decía, la administración de Morales, con toda intención utilizó el término de “intangible” para enredar a los indígenas y aplicarles un camisa de fuerza hasta que no se apruebe un reglamento de aplicación de esa Ley Corta. Este empantanamiento jurídico,  alimentó durante semanas diversas discusiones entre juristas y analistas políticos, sin que saliese humo blanco. Los indígenas retornaron a sus comunidades. Aparentemente la tranquilidad volvía a los bosques seculares y a los remansos donde duerme el temible caimán. De pronto, de la nada, surgieron otros indígenas como brotes de bambú, esta vez organizados en una entidad paralela denominada Conisur, conformada por gente que convive o es vecina a los colonos cocaleros, peor dicho,  “comunidades interculturales” que es como se llaman según la teoría luminosa de la Descolonización. En menos que chille un mono aullador, se organizaron expresamente y arrancaron con su marcha rumbo a La Paz, esta vez desde el Chapare (región cocalera y bastión de Evo Morales). No hace falta adivinar, exigen la anulación de la Ley Corta y la construcción de la carretera a través de la reserva, porque ellos también se consideran “indígenas”, a pesar de que su dirigente principal tuvo que reconocer que tiene plantaciones de coca. Aunque las autoridades gubernamentales se despojen de toda responsabilidad en la organización de la marcha, el resto de la población no se traga el cuento, por lo que permaneció indiferente ante el paso de la columna por las calles de Cochabamba, salvo, claro está, los grupos partidarios del Gobierno que los agasajaron con bombos y platillos.Para alimentar a centenares de marchistas alguien tiene que pagar el pato como decimos, ya que la población civil no se presta ni para regalar una botella de agua, da la casualidad que los municipios por donde recorre la marcha son gobernados por el partido oficialista y lógicamente sus funcionarios se muestran diligentes y generosos con organizar las bienvenidas. Por si las moscas, la columna es acompañada en todo momento por una patrulla policial y una ambulancia. A los otros marchistas (los que se oponían), hasta les secuestraron alimentos y los apalearon con generosidad.Con la marcha Pro-carretera, distante a 300 km. de la sede de gobierno, el resto de los ciudadanos nos empezamos a preguntar, si Evo Morales hará caso a sus exigencias y si derogará la ley de protección del Tipnis que él mismo suscribió en octubre pasado. En cualquier caso, algunos nos cuestionamos por qué el gobierno central alienta la realización de esta marcha, aunque sea a su favor, si llegado el momento se podría encontrar entre la espada y la pared para tomar decisiones,  ¿es tan necio o ingenuo para fomentar estas medidas, o es que acaso busca la confrontación entre compatriotas? Conociendo como conocemos a esta administración, mucho me temo que sea lo segundo.Por si esto no bastara, detrás viene otra “marcha” o caravana de medio centenar de discapacitados, o peor dicho “personas con capacidades especiales” (otra vez mi manual de Descolonización) que ante la negativa gubernamental de concederles un bono anual, hace más de un mes salieron a la carretera para hacer valer sus derechos, con decidida intención de llegar también a La Paz (después dicen que somos autónomos). Pero a ellos no los mira nadie, a pesar de sus duros esfuerzos por empujar sus sillas de ruedas y sus tentativas de arrojarse por un puente ante la desesperación. Así estamos, ¡el país sobre ruedas!, nunca peor dicho.