Empleo, Estado y CC.AA.

Como todos sabemos, y sufrimos, España cuenta actualmente con unos 6 millones de ciudadanos sin trabajo, lo que significa que uno de cada 3 ciudadanos españoles en edad y disposición de trabajar, está en el paro.
La cifra es aterradora, alarmante, angustiosa, y cualquier gobierno, menos el de España, tendría ya un Plan de Emergencia para la Creación de Empleo con medidas que abarquen todos los ministerios y organismos con alguna relación con el tema.
España es diferente, ni el gobierno anterior, salvo la imbecilidad manifiesta del Plan E, ni el actual salvo su “Reforma Laboral” que no ha creado ningún empleo hasta ahora, han hecho nada serio y fundamentado. La contingencia, salvar el día a día, decir alguna tontería para consumo interno o esconderse para no ser interpelados, consume todo el tiempo de nuestros gobernantes, y por cierto, también de la oposición, que nada interesante tiene que decir sobre este tema.
Pero, ¿Es toda la responsabilidad del gobierno?  Vamos por partes:  Desde el año 1997 los sucesivos gobiernos han ido trasladando las competencias de empleo, tanto en políticas activas de empleo como formación, a las Comunidades Autónomas.  Este sucesivo trasvase culminó  con la Ley 56/2003 que ordenó el traspaso de las competencias del antiguo SPEE a los servicios que cada Autonomía ha creado para asumirlas.A partir de ese momento, las responsabilidades son compartidas, El gobierno tiene la misión de crear un marco legal e incluso sociológico que favorezca la creación de empleo y las CC.AA. deben fomentar, desde la cercanía con la población, el empleo de la población en el paro.
En el SEPE, (desde 2003, Ley 56/2003, sucesor del INEM)  recaen muchas de las escasas competencias que el gobierno mantiene en temas de empleo. Dentro de las competencias de este Servicio Público están las siguientes, entre otras:

• Elaboración y gestión del Plan Nacional de Empleo en colaboración con las Comunidades Autónomas.
• Distribución de los fondos europeos de empleo asignados a España.
• Investigaciones sobre el mercado de trabajo y estadísticas del mismo.

Visto lo anterior, ya sabemos que el Gobierno tiene la obligación de elaborar y gestionar un Plan Nacional de Empleo, en conjunto con las CC.AA. Buscando información al respecto, hemos encontrado que el 09 de JULIOde 2012 se informa en la web de Moncloa la aprobación del Plan Anual de Política de Empleo para 2012. La importancia que da el gobierno a este tema se refleja en las fechas indicadas. Recién en Julio de 2012 se aprueba el Plan de 2012.
En la información disponible en la web citada, se señala lo siguiente:
En el Plan se han establecido seis objetivos prioritarios a los que deberán estar vinculados (sic) todas las acciones y medidas del Plan Anual que e (sic) desarrollen en los servicios públicos de empleo:

• Reducir la tasa de desempleo juvenil.
• Mejorar la empleabilidad de los demás colectivos afectados por el paro.
• Apoyar a los emprendedores a través de medidas que contribuyan a crear empleo y posibilitar el mantenimiento de los mismos en el mercado de trabajo.
• Acentuar la colaboración público-privada con el fin de realzar los mecanismos de búsqueda de empleo por los desempleados.
• Desarrollar medidas para colectivos específicos, con especial atención a alas personas con discapacidad.
• Lucha contra el fraude.

En el Plan se tendrán en cuenta también las acciones dirigidas a la formación de ocupados y la modernización de los servicios públicos de empleo.En el ámbito laboral las competencias en materia de políticas activas son compartidas por la Administración General del Estado, que tiene la competencia normativa, por las Comunidades Autónomas, que tienen las competencias de ejecución.
Cada lector, que sin ninguna duda sufre el problema del paro ya sea por estar afectado directamente o porque lo sufre su entorno, podrá evaluar la efectividad del Plan de Empleo de 2012 elaborado conjuntamente por el Gobierno central y CC.AA.  
La casta es la única beneficiada de este absurdo Plan de Empleo que se ríe en la cara de los parados, y esto porque viene dotado con una enorme cantidad de dinero que se repartirá entre las diferentes CC.AA., es decir, entre los partidos que sostienen la partitocracia:1.318 millones de euros que se reparten con la excusa de crear empleo. Una desafortunada excusa, un buen botín.