Esta situación, como han puesto de manifiesto en numerosas ocasiones el Colegio de Periodistas de Andalucía, la FAPE, la FAAP y la AP-APAL, es una muestra más de que las Administraciones Públicas -ayuntamientos, diputaciones y Junta de Andalucía- desprecian el trabajo del periodista profesional al negarles el acceso a la Función Pública por no contemplar la categoría laboral de Periodista en la Relación de Puestos de Trabajo.
Esta situación da lugar a que decenas de compañeros sean contratados como administrativos o como personal de confianza, cuando su trabajo real es el de un profesional de la comunicación en un gabinete de prensa o en una emisora o medio público, y que está al margen del color político del gobierno de turno.