¿Estado del Bienestar o Estado de las autonomías?

"Creo que ha llegado el momento de coger el toro por los cuernos y hacer lo que hay que hacer, guiados sólo por lo políticamente razonable, justo y ético y no por lo políticamente correcto. Hasta ahora se ha puesto el acento en el capítulo de la austeridad y de los ajustes para el ciudadano de a pie. Sin embrago, no se han tomado medidas para incentivar la inversión y así dinamizar la economía y favorecer la creación de empleo. Y además (y esto es discriminación positiva, pero injusta), no se ha impuesto la austeridad y los recortes a los verdaderos responsable de lo que está sucediendo, la casta política, y a los estamentos e instituciones donde están instalados y tienen su guarida".En la conclusión de un texto reciente sobre los tijeretazos de José Luis Rodríguez Zapatero y, ahora, de Mariano Rajoy, como respuesta a la crisis que nos está negando el pan y la sal, me preguntaba si no había llegado el momento de que los ciudadanos podamos elegir entre el Estado del bienestar y el Estado de las autonomías. La pregunta era y es, si cabe, cada vez más perentoria y pertinente, si observamos los estragos que la gestión de la crisis, tanto por el uno como por el otro, está provocando en los ciudadanos de a pie. Por eso, no es ocioso volver sobre esta dicotomía.El Estado del bienestar ha sido y está siendo asediado, zarandeado y socavado tanto por el PSOE (hasta hace unos meses) como por el PP (desde diciembre de 2011). El uno y el otro han aceptado tanto el diagnóstico como el tratamiento de caballo, impuestos por frau Merkel: recortes y más recortes, impuestos y más impuestos, que han jibarizado el poder adquisitivo de los ciudadanos; reformas estructurales y más reformas estructurales, que han cercenado derechos adquiridos de los asalariadosSin embargo, esta medicina teutona no ha producido el efecto positivo esperado, no lo producirá a corto plazo y muchos se preguntan si lo producirá a largo plazo, si no se toman otras medidas alternativas y/o complementarias. Con el tratamiento aplicado hasta ahora se ha conseguido, más bien, agravar el estado del paciente: el paro no ha parado de subir (5,6 millones, a finales de marzo; y se espera superar los 6 millones a final de año), la recesión se ha instalado en la economía española, la lucha contra el déficit es prácticamente ineficaz e imposible en la situación actual de recesión y de paro galopante, la degradación del nivel de vida es una realidad palpable… y el Estado del bienestar ha empezado a hacer aguas y a perder masa muscular a un ritmo tal, que hace presagiar lo peor. Esto no es más que “el inicio del inicio” (Soraya Sáenz de Santamaría) o el “kilómetro cero” de las medidas que hay que tomar (Rajoy). Y así se está llegando a un umbral político, social y moral, más allá del cual esta política de recortes y de austeridad se hace injusta, inaceptable y sobrepasa los límites de lo soportable por la ciudadanía; y puede, por lo tanto, desembocar en un tsunami social devastador, Jack Boorman (FMI) dixit.
Este umbral crítico y este punto de no retorno amenazantes están humillando, ahogando, frustrando, martirizando y enrabietando a los ciudadanos; les han metido la rabia y el miedo en el cuerpo. Y la olla a presión que es la sociedad española puede estallar en los próximos meses, como sucedió en Grecia y en el norte de África. La casta política no puede ni debe olvidar que “lo que hace que se colme el vaso es una gota de sangre, de sudor, de hiel o una lágrima; nunca una gota de agua” (José Laguna Menor). Por eso, creo que ha llegado el momento de coger el toro por los cuernos y hacer lo que hay que hacer, guiados sólo por lo políticamente razonable, justo y ético y no por lo políticamente correcto. Hasta ahora se ha puesto el acento en el capítulo de la austeridad y de los ajustes para el ciudadano de a pie. Sin embrago, no se han tomado medidas para incentivar la inversión y así dinamizar la economía y favorecer la creación de empleo. Y además (y esto es discriminación positiva, pero injusta), no se ha impuesto la austeridad y los recortes a los verdaderos responsable de lo que está sucediendo, la casta política, y a los estamentos e instituciones donde están instalados y tienen su guarida. Me explico.El Estado de las autonomías es señalado por muchos analistas y por las agencias de calificación (la última, S&P) como uno de los factores más importantes en el desequilibrio de las cuentas del Estado. Y, por eso, son cada vez más los que consideran que es inevitable y absolutamente necesario poner en tela de juicio la organización territorial de España, fundamentada en el Título VIII de la Constitución de 1978. Como he escrito en otro lugar, si tenemos en cuenta la situación actual, nuestro Estado de las autonomías ha sido un verdadero fiasco económico (despilfarro de recursos, corrupción y déficit, letales para el bienestar de los ciudadanos) y político (el nacionalismo de trinchera y el independentismo, insaciables, han ido a más y son cada vez más pujantes y beligerantes; y han acabado con la unidad de mercado, con la unidad educativa, con la unidad sanitaria, con la unidad lingüística y cultural, con la unidad normativa, con la unidad… provocando problemas sin cuento).Ante este estado de cosas, nada más tomar posesión de su cargo de presidenta autonómica de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal y, hace unos días, Esperanza Aguirre, con la contundencia radical que la caracteriza, han abogado por la eliminación de todo órgano, organismo o institución autonómicos que se solapen con los del nivel estatal. Y entre ellos, han citado el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, las diputaciones, la reducción drástica del número de ayuntamientos, etc. Ahora bien, si profundizamos y llevamos al límite razonable y razonado el argumento de De Cospedal (como lo hace Aguirre), habría que eliminar también otros muchos órganos u organismos o servicios repes: para empezar, los 17 parlamentos autonómicos; para continuar, los 17 gobiernos autonómicos y las casi dos centenas de consejerías autonómicas con sus cientos de miles o millones de empleados autonómicos puestos a dedo, con sus miles de tarjetas Visa-Oro, con sus miles de coches oficiales, con sus medios de comunicación (TV, radios y todo tipo de publicaciones), con sus…
Recortar radicalmente el Estado de las autonomías sería acabar, de un plumazo, con todos los recortes que están martirizando a la ciudadanía y dando presión a la olla social, que puede explotar en cualquier momento. Ahora bien, para ello es imprescindible que la casta política, que no tiene nada de altruista y que no sabe lo que es la generosidad, se hiciera el harakiri como, en nuestro pasado reciente, lo hicieron las Cortes franquistas. Como la casta política no lo hará, tendremos que obligarla a hacerlo. La disyuntiva es clara: ¿Estado del bienestar o Estado de las autonomías? ¿Bienestar para la gran mayoría de los ciudadanos o pesebre y cubil asegurados para esas cigarras de la casta política? That is the question!Manuel I. Cabezas González. La Voz de Barcelona 02/05/2012