Estatut

Espero, de verdad, no ganarme demasiados enemigos (de uno u otro bando) con esta Nota que debo escribir. Porque creo que este es el auténtico problema del tema. Que hay (por lo menos) dos bandos profundamente irreconciliables. Acercarse ligeramente a los argumentos de uno levanta la animadversión del contrario, y así sucesivamente, como el movimiento de un muelle que nunca consiga amortiguarse.
Mi problema, además, es que soy un catalán que llevo veinticuatro años residiendo en Madrid. Por lo que resulto un elemento de lo más sospechoso para los dos bandos.

(Fotografía de José Montilla, Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, extraída de la web espaiobertsocialista.wordpress.com).
 Vamos allá. No entro a debatir aquí para nada el fondo de lo que el Estatut significa. Esa sería otra conversación, que ya trataré más adelante. He vivido casi treinta años en Barcelona, y llevo más de veinte residiendo en Madrid. Lo que significa que conozco bastante bien todas las posiciones extremas. Y apenas he visto u oído opiniones ecuánimes.
Centrémonos en la forma en que la negociación del nuevo Estatut de Catalunya se ha desarrollado. Partió de un error de Zapatero, que prometió a los catalanes lo que no podía prometer. Siendo generoso, voy a creer que por ignorancia. Ofreció pasar por la puerta trasera, de la que se ha demostrado que no tenía la llave.
Decirle a Montilla y a los demás que "respaldaré todo lo que me traigáis del Parlament" fue buscarse la vergüenza propia y la crítica ajena, creo que sin necesidad. Y todo el espectáculo que se montó en el Congreso de los Diputados de Madrid para su aprobación fue una ceremonia de farolillos y faralaes, pero con escasa chicha.
Llegados a ese punto, el PP cometió el siguiente error. Denunció la norma que ya había sido aprobada por el Parlament, en referéndum en Catalunya y en el Congreso de los Diputados, al Tribunal Constitucional. Al que puso en un brete del que ha tardado casi cuatro años en salir como han podido, y que ha perjudicado, esperemos que no de forma irreversible, su imagen y prestigio. No olvidemos que, en puridad, el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial, sino más bien, en la práctica, una tercera Cámara política.
(Fotografía de María Emilia Casas, Presidenta del Tribunal Constitucional, extraída de la web lacomunidad.elpais.com).
Pero lo que no se le puede pedir al TC es que cometa prevaricación, es decir, dictar sentencia a sabiendas de que es ilegal. La Constitución es la norma global de convivencia que conseguimos darnos, y que se aprobó, referéndum incluido, en 1978. La propia norma contempla los mecanismos para su modificación en el futuro. Es cierto que, posiblemente por el temor a posibles involuciones (recordemos, sin más, el 23-F), las condiciones para abordar una Reforma Constitucional son bastante duras, ya que requiere la disolución del Congreso con ese propósito, elecciones generales, la constitución de una legislatura constituyente, que debe disolverse otra vez cuando termine su labor. En fin, una carrera de obstáculos que genera una pereza invencible en los políticos, que siempre acaban pensando ja ho farem, más adelante, que no corre prisa.
Hay alguna Reforma Constitucional pendiente con la que creo que la mayoría está de acuerdo, salvo quizá unos pocos nostálgicos, que sería la eliminación en la Constitución de las referencias a la Ley Sálica, impidiendo que sea una mujer la Reina de España en algún futuro inconcreto. Pero nunca se ha abordado en profundidad este tema, con la excusa de que no corre prisa, claro.
Por supuesto existe, además, el temor inconcreto a que abrir un período constituyente signifique que toda clase de reivindicaciones se pongan sobre la mesa para su discusión, y que eso se acabe convirtiendo en una revisión permanente de todo, que no es esa forma de vivir con cierta tranquilidad. Saldrían, por supuesto, Republicanos de debajo de las piedras, y ese es un debate que este país no ha tenido todavía en los tiempos modernos. Y, desde luego, todas las reivindicaciones regionales, autonómicas y locales, con intereses genuinos o bastardos.
Por todo ello, esa tapadera se ha preferido mantenerla sujeta, porque se sospecha una caja de Pandora dentro. La Constitución de Estados Unidos tiene en la actualidad un cierto número de Enmiendas que modifican su redacción original de hace más de doscientos años. Parece razonable algo así.
¿Por qué no se establece una Primera Reforma que abra esa posibilidad de añadir Enmiendas con procesos que puedan ser abordables y no tan extremadamente farragosos como los ya descritos?.
Volviendo al TC, se han esforzado hasta el infinito, desde mi punto de vista y el conocimiento que pueda tener de ello, en conseguir publicar una sentencia que no sea ilegal (lo que sería caer en prevaricación), pero que genere el mínimo de complicaciones políticas. Y ahí, debo decirlo, la Presidenta Doña María Emilia Casas, se ha empeñado personalmente hasta el final.
Ha sido un espectáculo bochornoso tener que asistir a todas las maniobras que se han producido por todas las partes para cambiar jueces, para forzar su renovación o para bloquearla. Con el único interés de que la sentencia final pudiera ser más próxima a las posiciones de cada uno.
(Fotografía de Ernest Benach, President del Parlament de Catalunya, extraída de la web blogs.elpunt.cat/eduardbatlle).
Ahora se conoce la sentencia. Habrá que esperar al documento de fundamentos jurídicos de la misma, pero la amenaza de más de mil folios la aleja de cualquier consideración seria por parte de los ciudadanos, la hace patrimonio de expertos jurídicos, en su caso.
El espectáculo bochornoso al que nos toca asistir ahora es ver a gente grande (en el sentido argentino del término), a políticos en activo, enfundados en distintas banderas, proclamando a los cuatro vientos su victoria (¿¿??) o su condición de víctimas de contubernios tenebrosos. Y, por cierto, el que prometió pasar por la puerta de atrás sin tener la llave, ni está ni se le espera.
En el fondo, el TC se ha limitado a formalizar lo que ya se sabía. Por centrarnos solamente en los temas más mediáticos, ha confirmado que el término nación no se contempla en la Constitución para referirse solamente a una parte del Estado. Le da carpetazo al tema diciendo que como el término se utiliza en el Preámbulo, que no tiene efectos jurídicos, pues nada. Lo que es, desde mi punto de vista, el peor despropósito de la sentencia. Y ha confirmado también que en la Constitución se reconoce la existencia de lenguas cooficiales en ciertos ámbitos territoriales, lo que impide considerar que una de ellas sea preferente (o la otra, por cierto).En fin, mi conclusión sobre la forma de este tema es que se ha demostrado que los atajos llevan a donde ya se sabía. Posiblemente haya que abordar un proceso de Reforma Constitucional con luz y taquígrafos, de donde se destierren las puertas falsas y los grises contubernios de las tinieblas.   Tras muchos años de dicatadura, conseguimos darnos un Estado de Derecho como marco de convivencia. La característica principal de un Estado de Derecho es el Imperio de la Ley. Por favor, basta de atajos y puertas traseras.   Y, por cierto, hay que eliminar los victimismos, que son muy socorridos para calentar a los tibios, porque identifica a enemigos concretos. Pero recordemos el principio del muelle. Si se genera una fuerza intensa en una dirección, se produce una reacción igualmente intensa en sentido contrario. Y cada vez se está más lejos de cualquier tipo de acuerdo, por ese camino.   Siempre me ha dado pánico asistir a los actos solemnes de enfundarse en la bandera (en cualquier bandera), porque sospecho que me están excluyendo a mí.   JMBA