Joan Miró
Una Proposición de Ley del Parlamento de Cataluña ha abierto de nuevo el debate sobre la despenalización de la eutanasia. Se solicita la reforma del artículo 143.4 del Código Penal. Esta es la propuesta que se va a debatir en el Congreso de los Diputados: «4. No obstante lo establecido por los apartados anteriores, está exento de responsabilidad penal el que, por petición expresa, libre e inequívoca de una persona que padezca una enfermedad grave que lo conducirá necesariamente a la muerte o una patología incurable que le provoca sufrimiento físico o psíquico grave y que se prevé que será permanente, cause con actos necesarios la muerte segura, pacífica y sin dolor de esta persona o coopere a ello, dentro del marco legal establecido.» Se propone en esta Proposición la redacción de una “ley de disposición y soberanía sobre la propia vida que garantice la libre autonomía personal y, a su vez, la protección de los colectivos más vulnerables”. Esa ley, nos dicen, debería contener: “Una definición clara de los conceptos. Las condiciones que deben darse para llevar a cabo la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Las características que debe tener el paciente. Los requisitos que debe cumplir el personal sanitario en la toma de decisiones y en la actuación. Y la composición, las tareas y las competencias de los órganos de supervisión y control.” Como modelo proponen la ley holandesa de 2001. Mencionan más lugares donde se ha aprobado una legislación similar: Suiza, Luxemburgo, Estado de Oregón (EUA), Estado de Washington (EUA), Estado de Vermont (EUA), Quebec, Estados de Montana y de California (EUA), Colombia y Canadá. No es la primera vez que se intenta debatir el tema de la eutanasia en el Congreso. Los expertos en lógica parlamentaria temen que este debate se diluya en el tiempo y no llegue a ninguna parte. Por lo visto, hay muchas estrategias reglamentarias que permiten estancar un debate o hacerlo desaparecer. Y es una pena, porque es un tema de interés general. La necesidad de legislar sobre este asunto es evidente. En la Proposición se menciona la última encuesta realizada por The Economist en quince países en junio de 2015. En España un 78 % se muestra a favor de legalizar la eutanasia, solamente un 7 % en contra y un 12 % NS/NC. No veo ninguna razón ética para rechazar la eutanasia voluntaria, el suicidio asistido. Despenalizar la eutanasia supondría ofrecer una herramienta para vivir con dignidad los últimos momentos. Así pues, tiene que ver con la vida, claro que sí. Y nadie estaría obligado a utilizarla. Bien regulada, no perjudica a nadie. Disfrutar de ese derecho no conlleva ningún daño para otros ciudadanos. Es un desarrollo de la libertad individual, de la autonomía personal. Lo que es inconcebible es que uno no pueda vivir con dignidad hasta el final. Nadie debería poder obligarnos a vivir si ya no lo deseamos. Hasta ahora se ha tratado a los pacientes como niños, como si de golpe perdieran el control de sus existencias. La decisión de recurrir al suicidio asistido es nuestra, no del Estado. Las instituciones sanitarias y jurídicas solo serían un medio, un instrumento, un marco de posibilidades. La decisión autónoma y consciente la toma la persona, en el momento o mediante testamento vital. Ella sería la única responsable moral de elegir su final. La muerte es parte de la vida, suele decirse. Habría que añadir que es parte de mi vida. Si el debate parlamentario se lleva a cabo como es debido, debería ser largo y pausado. Y los ciudadanos deberíamos participar de algún modo en esas discusiones. Aunque existen comisiones de bioética que asesoran a las instituciones, como el Comité Consultivo de Bioética de Cataluña, no vendría mal una participación directa de la ciudadanía. Los partidos políticos, nuestros representantes, mantienen posiciones ideológicas sobre este tema. Sin embargo, la disciplina de partido en cuestiones éticas paraliza el verdadero diálogo. Ha ocurrido con otros debates similares. Un referéndum no sería mala idea, al menos hablaríamos.