Exhibidores y distribuidores, en pie de guerra por la Llei del Cinema

En ocasiones vemos movimientos empresariales inusuales. Es el caso. Acaba de producirse un noviazgo repentino entre los distribuidores cinematográficos españoles y los empresarios exhibidores catalanes que, como es sabido, tienen intereses divergentes.
El muñidor del acuerdo, sin quererlo, una vez más el poder político. En este caso el anteproyecto de ley del Cine que está preparando la Conselleria de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat, controlada por Esquerra Republicana y dirigida por el catedrático Josep Manuel Tresseras.
Este embrión de norma jurídica pretende instaurar un impuesto a los exhibidores que iría destinado a dotar un fondo de fomento de la exhibición mediante el cual se financie parte de la política lingüística y, de esa manera, suprimir la aportación pública destinada a los costes de doblaje.
Pero el aspecto más crucial para las partes es el intento de imponer unas cuotas de pantalla por las cuales se obligue a los distribuidores a doblar y subtitular al catalán la mitad de las películas que se emitan en los cines catalanes cuando se distribuyan más de 15 copias.
El tema de las cuotas de pantalla viene de lejos. Ya en la época en que Jordi Pujol era presidente de la Generalitat, CiU lo intentó instaurar pero se topó con la resistencia de las 'majors' y finalmente no consiguió implementarlo. ERC lo lleva en su programa electoral y no quiere que le suceda la mismo. Más bien al contrario. Se trata de conseguir lo que el otro partido nacionalista no logró.
El presidente de la Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine), Luís Hernández de Carlos, avisa sobre “las gravísimas consecuencias de esa norma en todo el sector en caso de salir adelante la ley”. Para ellos el hecho que en un territorio se instauren cuotas produce un gran nerviosismo por el efecto contagio que creen se producirá, no solo en otras Comunidades Autonómas de España sino en algunos pequeños países europeos donde en la actualidad no se doblan las películas.
Rentabilidad a la baja
Si la recaudación ya ha ido cayendo en los últimos años (2004-08) un 8,7% y se han perdido 6,7 millones de espectadores, cerrándose 27 salas de cine en Cataluña, la previsión es que si esa ley llega a ser aprobada las pérdidas podrían ser de cinco millones de euros (que representa el 4,1% de la recaudación catalana total del cine en 2008), según explica el presidente del Gremi d´Empresaris de Cinemes de Catalunya, Camilo Tarrazón, cifra sacada de un dictamen sobre las consecuencias económicas del anteproyecto de ley, realizado por el catedrático de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat.
Según el estudio en cuestión la caída de espectadores se debe en gran parte a la piratería y lo que la Administración pública catalana debería hacer es adoptar medidas efectivas antipiratería. Otra de las conclusiones es que la oferta de títulos de películas se podría reducir.
Propuesta alternativa El sector ha presentado una propuesta privada, alternativa a la pública, para crear desde ya mismo un circuito específico de cines distribuidos por todo el territorio que ofrecería cine en catalán los 365 días del año a través de 53 pantallas. Ello supondría incrementar un 148% las actuales proyecciones de películas en catalán.
Para ejecutar la propuesta los exhibidores y distribuidores demandan la retirada del anteproyecto de ley y que la Generalitat apoye el incremento de costes que esa iniciativa supondría (más doblajes y más copias a distribuir), una proposición que ya ha sido rechazada desde la Conselleria por lo cual, parece abocada al fracaso. Sin embargo, para Tarrazón “es la única opción viable, realista y de consenso, frente a una mala ley, injusta, inoportuna, innecesaria e inviable”.