En el caso de la niña que murió en Tenerife y de cuya responsabilidad se criminalizó a su padrastro, fallaron todos los resortes posibles. Falló el primer médico que vio a la menor tras caerse de un columpio y le recetó el siempre recurrente Dalsy. Falló el segundo facultativo, que apreció supuestos indicios gravísimos de maltrato contra la criatura. Falló también la Administración, que no supo estar a la altura, antes, durante y después de todo lo acontecido. Fallaron además, según relato de su propio abogado, las fuerzas de seguridad, sometiendo al supuesto violador a toda suerte de vejaciones durante cinco días de interminable interrogatorio. Fallaron los medios de comunicación que, una vez más, se lanzaron en cascada contra quien al final resultó ser víctima de un cúmulo de errores garrafales que veremos a ver ahora quién los repara.
El linchamiento al que ha sido sometido un ciudadano de un Estado democrático y de Derecho debiera hacer reflexionar a los poderes públicos y a cuantos se han visto relacionados con el caso (médicos y periodistas, incluidos) sobre las consecuencias irreparables de una acción extremada, rayana en la iniquidad. Cuando a alguien se le condena simple y llanamente por supuestos indicios, sin esperar a que una autopsia revele si son o no ciertos, es que algo falla en el seno de una sociedad ávida de ponerle las esposas y exhibir, como si de un pelele se tratara, al primero al que se le tuerce el destino.
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