Cuando Miguel Familia recibió los resultados de la prueba de afiliación (ADN) que había practicado a su hija mayor, como parte de los trámites para solicitar su ciudadanía a la Embajada de Estados Unidos, su vida se partió en dos. Indicaban que no era el padre.
Lo que siguió es descrito por Miguel como “un rosario de penas” que lo llevó a separarse de su esposa, con quien tiene otra hija, y a desamparar a la niña que crió hasta los cuatro años. Sin embargo, siete años después Miguel descubrió que todo fue un error y que, al parecer, el laboratorio clínico mezcló las muestras.
El 1º de diciembre de 2005, el laboratorio Clinical Testing & Research, Inc., que presta servicios a la embajada de Estados Unidos y a otras 32 embajadas acreditadas en RD, expidió un certificado de que Miguel no era el padre de la niña.
Ante la insistencia de la mujer y 7 años después de recibir los resultados de ADN, en mayo pasado Miguel se practicó dos nuevas pruebas en laboratorios, las cuales arrojaron que sí es el padre biológico de la menor, con un 99.9996 por ciento de probabilidad.
“Me destruyeron mi familia y a mí, perdí siete años con ella”, dijo ayer entre sollozos Miguel, luego de elevar una demanda por daños y perjuicios en contra de la embajada de Estados Unidos y el laboratorio que le practicó el examen.
El hombre, que dejó el seno familiar en medio del drama, afirma que depositó su confianza en los resultados que recibió de la embajada y el laboratorio, que tiene sede en Nueva Jersey.
“Para mí eso era 100 % cierto; imagínese que me decían que mi esposa era una cuernera”, expresó Miguel apenado, y manifestó que no ha podido hablar con su exmujer ni siquiera para pedirle disculpas.
La madre también sufrió el daño de que se cuestionara públicamente su moral y se tornó violenta con las niñas, por lo que las retiró de la escuela y las sometía a maltratos físicos.
Actuando a través de su abogado, Carlos de la Rosa, Miguel demandó solicitando US$80 millones a la Embajada y US$100 millones al laboratorio. La audiencia fue reenviada por la Tercera Sala Civil a fin de que se pueda citar correctamente a los demandados.