La CIDH, OEA y SIP condenan el cierre de los canales por cable de Venezuela

La Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de los Estados Americanos (OEA) ya la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestaron su rechazo a la decisión del gobierno venezolano al cierre de los seis canales por cable, incluyendo la RCTV Internacional y TV Chile.
Según la CIDH, esto hiere las garantías de libertad de expresión, y para el cierro de un medio de comunicación, es necesario que, previo el agotamiento de un debido proceso, lo que no se hubo. Esto ya lo había dicho RCTV Internacional, pues la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) no le dio oportunidad y ni el derecho a explicarse en la justicia.
Para la SIP, el gobierno Chávez se excusa en leyes intolerantes y anti libertad de prensa para cerrar los medios y limitar líneas editoriales críticas e independientes.
Desde a medianoche del pasado sábado (23/enero/2010), las cable operadoras fueron obligadas a sacar de sus grillas los canales que supuestamente no cumplen la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión.
RCTV es una emisora que se opone al Presidente Hugo Chávez y ha perdido su derecho de transmisión en cadena abierta en mayo de 2007, desde entonces, resiste a las presiones de las autoridades venezolanas para continuar existiendo, y buscó una salida: divulgar sus contenidos por cable. De acuerdo con Conatel, los canales que producen 70 por cientos o más de programación nacional son considerados como productoras nacionales, clasificándola en esta categoría, aunque sea Internacional.
No es solamente en Venezuela que hay supuestas medidas contra la libertad de expresión. En Latinoamérica se crece los intentos de diversos gobiernos en callar la prensa: el 10 de octubre de 2009, el Senado argentino aprobó la nueva Ley de Audiovisual, limitando los medios, según el sitio R7. En Brasil, por ejemplo, se discute la posibilitad de crear en el Plano Nacional de Derechos Humanos (PNDH-3) una Comisión para fiscalizar la prensa, pero la idea ya existía desde el gobierno de Fernando Henrique Cardoso y se busca supervivir en el último año de Lula en la presidencia. El pasado diciembre el canal ecuatoriano “Teleamazonas” fue obligado a suspender por tres días la transmisión, pues de acuerdo con las autoridades la emisora irrespetó la Constitución y la Ley de Radiodifusión al noticiar falsas informaciones basada en suposiciones, molestando el orden social.