La financiación autonómica y la solidaridad interterritorial: de la teoría a una realidad caótica.

Un extracto del profético libro de Joaquín Javaloys, "El Ocaso de las Autonomías"
Sin financiación serían inviables las autonomías. El complemento necesario de la autonomía política es la autonomía económico-fiscal, que debe ser suficiente en su disponibilidad de recursos, solidaria y corresponsable fiscalmente con el Estado.Sin embargo, en la práctica nuestras CC.AA. tienen insuficiencia de recursos lo que les obliga a un excesivo endeudamiento, son poco solidarias con las comunidades menos desarrolladas económicamente y actúan de una forma arbitraria y despilfarradora del gasto público. ¿Por qué?. A lo largo de este capítulo trataré de dar respuesta a este interrogante.
Iniciaré mi exposición haciendo referencia a dos temas indispensables y estratégicos en el Estado de las autonomías: la financiación autonómica y la solidaridad interterritorial. Describiré posteriormente la situación caótica que presenta hoy la financiación autonómica y que, si no se soluciona adecuadamente,lastrará el funcionamiento de unas comunidades autónomas cada vez más endeudadas; lo que podría, finalmente, hacer inviable la existencia de unas CC.AA. en quiebra económico-financiera y que no podrán ser financiadas por un Estado ruinoso, también endeudado excesivamente.
Dedicaré algún espacio al tema de la financiación autonómica, por ser un factor clave para que existan las autonomías interterritoriales y porque si, como ocurre actualmente, se descontrola y aumentan excesivamente los impuestos y el endeudamiento puede conducir a la ruina de las haciendas de las CC.AA. y del Estado autonómico, convirtiéndolo en inviable.
Inicio mi análisis recordando que, en todo caso, el Estado debe garantizar que las comunidades autónomas dispongan de los recursos financieros indispensables para poder ejercer efectivamente sus competencias y responsabilidades. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta también los efectos económicos que conllevan las autonomías financieras territoriales, dado que los Estados contemporáneos son unidades políticas y económicas poseedoras teóricamente de un mercado unitario.La descentralización fiscal ha de instrumentarse en base a criterios técnicos, pero ha de contar también con otros factores económicos y sociales que inciden decisivamente en la posibilidad y en el alcance de la autonomía financiera de las comunidades autónomas. En realidad, la fiscalidad es solamente un aspecto de lo económico, y si se quiere que funcione bien la autonomía financiera territorial, es preciso tener en cuenta todos los factores que inciden en la problemática autonómica, que depende del contexto socioeconómico característico del Estado común.La solidaridad exige que todos los españoles y todas las comunidades autónomas tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades y medios paradesarrollarse y perfeccionarse.Por supuesto la justicia es previa a la solidaridad; pero la solidaridad puede contribuir a restaurar la justicia interterritorial en un Estado de las Autonomías que sea verdaderamente solidario con las regiones, provincias, comarcas o municipios.Además la solidaridad debe ser también intrarregional; es decir, que son inadmisibleslas desigualdades dentro de una comunidad autónoma, sea entre personas, comarcaso provincias.
En este apartado me voy a referir al proceso de descentralización financiera que ha experimentado España en los últimos treinta años hasta llegar a la actual legislación sobre financiación de las CC.AA. Lo relativo a la descentralización fiscal y la consiguiente financiación de las autonomías territoriales es un asunto de enorme importancia que debería ser competencia del Senado. Sin embargo, dado que esta Cámara de representación popular no funciona adecuadamente, pues no ha asumido todavía esa competencia, el estudio y las decisiones sobre financiación autonómica están encomendadas al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que se integran representantes del Estado y de las CC.AA., así como de las ciudades que poseen estatuto de autonomía, o sea Ceuta y Melilla.A continuación reproduciré lo que el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha dicho sobre el proceso de descentralización fiscal en su documento sobre su Acuerdo 6/2009, de 15 de julio, para la reforma del sistema de financiación, que comienza así: “el intenso proceso de descentralización fiscal que ha vivido España en los últimos 30 años tiene sus bases en la Constitución Española, que establece en suTítulo VIII el marco de relaciones entre los diferentes niveles de gobierno, refiriéndose a las CC.AA. en el Capítulo III y estableciendo que gozarán de autonomía financiera para el desarrollo de sus competencias, de acuerdo a los principios de coordinación con la Hacienda Estatal y de solidaridad entre todos losespañoles (art. 156), solidaridad que será garantizada por el Estado (art. 138). En concreto dicha solidaridad debe incorporar la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español y la corrección de los desequilibrios económicos interterritoriales (art. 158)…
En los últimos años se han aprobado las reformas de los Estatutos de Autonomía de seis de las CC.AA. de régimen común (Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Illes Balears, Aragón y Castilla y León)…dichas reformas estatutarias contienen disposiciones relativas a los regímenes de financiación, quehan de ser consideradas como uno de los referentes básicos de la reforma del Sistema”.Esta reforma se especificó en el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera nº 6/2009, de 15 de julio. Los ejes básicos de la reforma fueron los siguientes:1º. Refuerzo de las prestaciones del Estado del Bienestar en el marco de la estabilidad presupuestaria.2º. Incremento de la equidad y la suficiencia en la financiación del conjunto de las competencias autonómicas.3º. Aumento de la Autonomía y la Corresponsabilidad.4º. Mejora de la Dinámica y Estabilidad del sistema y de su capacidad de ajuste a las necesidades de los ciudadanos.
La reforma se concretó en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se reguló el sistema vigente de financiación de la CC.AA. de régimen común y ciudades con Estatuto de autonomía y se modificaron determinadas normas tributarias.En todo caso, hay que tener en cuenta que, como ha dicho Mikel Buesa20 “el modelo de financiación autonómica, basado en la multilateralidad y en la solidaridad, fue cuestionado a raíz de la aprobación del Estatuto de Cataluña y, posteriormente, de los Estatutos de otras Comunidades Autónomas en los que se introdujeron normas reguladoras, generalmente contradictorias entre sí, que invadían el terreno competencial del Estado, a quien la Constitución otorga la potestad de legislar al respecto. Y lo que está en discusión no son solo los recursos de que pueda disponer tal o cual gobierno regional, sino algo mucho más importante como es el reconocimiento fáctico de una singularidad que apela a la soberanía para determinados territorios, singularmente a Cataluña. Por tal motivo, al haberse atendido las pretensiones nacionalistas catalanas en la negociación bilateral de la financiación autonómica que dio lugar al acuerdo de julio de 2009, se ha dado un paso decisivo hacia la fragmentación del Estado”.

El objeto de la Ley 22/2009 fue la regulación del Sistema desde el 1 de enero de 2009, incluyendo la garantía de financiación de servicios públicos fundamentales, los fondos de convergencia autonómica, el régimen general de la cesión de tributos del Estado a las CC.AA. y los órganos de coordinación de la gestión tributaria.Esa Ley regula los nuevos Fondos de Convergencia Autonómica: el Fondo de Competitividad y el Fondo de Cooperación. Se trata de Fondos creados con recursos adicionales del Estado y con los objetivos de aproximar las CC.AA. en términos de financiación por habitante ajustado y de favorecer el equilibrio económico territorial, contribuyendo a la igualdad y la equidad. El Fondo de Competitividad se crea con elfin de reforzar la equidad y la eficiencia en la financiación de las necesidades de los ciudadanos y reducir las diferencias en financiación homogénea per cápita entre CC.AA. El Fondo de Cooperación se crea con el objetivo último de equilibrar y armonizar el desarrollo regional, estimulando el crecimiento de la riqueza y laconvergencia regional en términos de renta por CC.AA. y ciudades autónomas.Mikel Buesa subraya que el modelo aprobado en diciembre de 2009 no respeta totalmente los principios de autonomía, suficiencia, solidaridad y corresponsabilidad fiscal “porque se ha limitado el principio de solidaridad a lo que se consideran servicios públicos esenciales –es decir, la sanidad, la educación y los servicios sociales-, de manera que, como derivación, se conculca severamente el principio de suficiencia. Ello significa que, más allá del reparto de unos fondos adicionales, se ha configurado un sistema que, si los ingresos fiscales acaban siendo insuficientes, puede colocar a algunas Comunidades Autónomas en una delicada situación en la que no podrán ejercer plenamente sus competencias……con el nuevo sistema de financiación autonómica, se ha despojado al Estado de una gran parte de su capacidad recaudatoria y, por tanto, de su propia autonomía financiera”.La Ley 22/2009 regula asimismo la cesión de tributos del Estado a las CC.AA., tanto el rendimiento cedido a las mismas, como las competencias que tienen éstas en materia de normativa tributaria y gestión de estos impuestos.En resumen, la nueva Ley se caracteriza por:- Una mayor cesión de tributos y capacidad normativa.- Nivelación total de servicios fundamentales, y parcial en el resto.- “Menú de fondos”: competitividad, cooperación, población,…
Según Federico Castaño ese modelo de financiación autonómica “…consiste en meter dinero en un gran cajón para después repartirlo entre los distintos territorios con criterios que no permiten asegurar que los recursos obtenidos por cada uno de ellos resulten suficientes”.La citada reforma del modelo de financiación nace con un “pecado original”: a pesar de estar inmersos en la crisis económica, el Gobierno niega la existencia de la crisis y, por lo tanto, los objetivos de la Ley exigen una mayor financiación que no se puede conseguir por una caída de la recaudación. Entonces el Sistema, que resulta demasiado costoso, se convierte en deficitario, lo que pone en peligro el cumplimiento de lo establecido en la Ley reguladora por la necesidad de endeudarse que tienen las CC.AA. El Estado y CC.AA. han gastado más de lo que podían, unasituación deficitaria, que se prolonga hasta hoy, lo que ha hecho entrar en crisis el Sistema de financiación autonómica que entró en vigor el 2009; que ahora es yainútil porque está agotado y no cumple bien su función, por lo que debería ser revisado a fondo para racionalizar el gasto público y que sea eficiente.El vigente sistema no exige a las CC.AA. ningún compromiso de mayor eficiencia o eficacia en el gasto, pero acepta que el Fondo de Garantía cubra solamente educación, sanidad y servicios sociales, por lo que deja sin cobertura infraestructuras y otras inversiones. También permite que las CC.AA. solo seangastadoras, pues la obligación de subir impuestos pertenece al Estado, al malo de la película. Por último hay que subrayar que la multiplicación de Fondos a la carta hace que todas las CC.AA. se presenten como la más favorecida si dan publicidad y relevancia al resultado de uno de ellos.Ante esta confusa situación financiera autonómica, Ana Samboal trata de hacerla más comprensible, en los siguientes términos: “¿De dónde proviene el capital con el que se financian las comunidadesautónomas?. Con la mira puesta en el sistema vigente en los territorios forales, a partir de ahora, se llevarán un porcentaje más alto de ingresos procedentes del pago de los impuestos en cada región, en detrimento de las transferencias estatales. Tal y como establece el Estatuto catalán. El noventa por ciento de la financiación de los Gobiernos autonómicos provendrá de la cesión directa de la mitad de lo recaudado por IVA e Impuesto sobre la Renta y el cincuenta y ocho por ciento de impuestos especiales como los que gravan el alcohol, gasolina o tabaco. No existen y se echan en falta en ese nuevo sistema mecanismos de control de gasto, una suerte de Pacto de Estabilidad similar al europeo. De hecho el desequilibrio de las cuentas de lascomunidades autónomas, manirrotas la mayoría, se ha acentuado de la misma forma que lo ha hecho el del Gobierno central. Están autorizadas a incurrir en déficit hasta el dos y medio por ciento de su Producto Interior Bruto y algunas doblan ya esa cifra.El nefasto presupuesto para 2009 que elaboró Pedro Solbes, con unas previsiones de ingresos que, a fuerza de negar la recesión en la que ya habíamos entrado de lleno,eran desorbitadas, las ha estimulado a gastar mucho más de lo que después las arcas públicas han recaudado. Incluso tendrán que devolver al Gobierno parte de las transferencias porque han recibido más de lo que les correspondía en 2008. Es solo una de las graves distorsiones que crea un presupuesto ajeno por completo a la realidad, pero muy conveniente para disimular, a las puertas de unas elecciones, como era el caso de las europeas, la crítica situación que atravesaba la economía española.
 ¿De verdad podemos pagar todo esto?”.
Para solucionar en lo posible el agobiante y urgente problema de la financiación autonómica, hipotecada por un descomunal endeudamiento, e intentar enmendar el modelo de financiación para que pueda ser eficaz de ahora en adelante, el 27 de julio de 2011 se reunió el Consejo de Política Fiscal y Financiera que terminó sin acuerdo alguno porque se enfrentaba a un problema irresoluble porque el modelo es inviable. El problema no se podía solucionar ni con anticipos a cuenta ni con una flexibilización del techo de gasto ni con los créditos blandos del ICO, que propuso la vicepresidenta económica Elena Salgado.El editorial del diario El Mundo de fecha 28 de julio pasado, titulado “Un modelo de financiación que ya no vale”, es muy expresivo de la situación crítica de la financiación autonómica. Sus párrafos más importantes se refieren a lo que debe hacer ahora el Gobierno estatal ante el fracaso de la última reunión del CPFF. Sonlos siguientes:“…Nos parece esencial que el Ejecutivo fije techos de gasto y de endeudamiento. Ello es muy importante para poder cumplir los objetivos de déficit asumidos en el Plan de Estabilidad y para evitar el derroche de las comunidades autónomas. En este sentido, hay que celebrar la sentencia del Tribunal Constitucionalque falló ayer que el Gobierno es competente para establecer esos topes pese a que las comunidades gozan de autonomía financiera, según se reconoce en la Carta Magna……El Gobierno está obligado a poner en marcha un plan de choque para resolver el problema a corto plazo en comunidades como Castilla-La Mancha, que van a tener que administrar la penuria legada por sus anteriores gobernantes.El Ministerio de Economía no puede lavarse ahora las manos, entre otras razones, porque tiene la enorme responsabilidad de no haber hecho nada cuando gestores poco responsables gastaban muy por encima de sus ingresos. Por otro lado, hay que recordar que fue la propia Elena Salgado quien pactó en 2009 unafinanciación adicional a las comunidades en lugar de obligarlas entonces a reducir sus gastos…De aquellos polvos vienen estos lodos……Si el Gobierno quiere estar a la altura de sus obligaciones, debe pactar con todas las comunidades una solución que permita a corto plazo hacer frente a sus obligaciones a cambio de un compromiso de revisión del modelo, que necesariamente tiene que pasar por una mayor austeridad, por el cierre de empresas yorganismos superfluos y por la devolución de algunas competencias al Estado”. A pesar de estos buenos consejos, yo creo que el problema del despilfarro y del endeudamiento de las CC.AA. es tan enorme que actualmente en España no hay políticos capaces de solucionarlo. El Estado de las Autonomías está en crisis, pero lo está porque nuestro sistema político, nuestra partitocracia caciquil y neofeudal, solo produce políticos “cerrados y bloqueados”, mediocres e ineptos, que están al servicio de los partidos a que pertenecen y no a disposición de los ciudadanos, a quienes dicen representar. El ruinoso Estado de las Autonomías refleja la crisis de nuestro sistema político, una democracia raquítica, tutelada por los partidos políticos.
La solidaridad interregional se fundamente en el hecho de que todos los españoles pertenecemos a una misma comunidad política estatal y tenemos idénticos derechos y deberes, con independencia del lugar de residencia. Es necesario, para lograr una mejor convivencia nacional, que las personas y las comunidadesautónomas menos favorecidas reciban ayuda de las comunidades que tienen mayor desarrollo económico.La solidaridad interregional debe tener en cuenta tanto lo económico como lo fiscal. Las actuales desigualdades en el desarrollo de las regiones tiene su origen en el proceso de industrialización y en su evolución económica desde la Transición democrática y el ingreso de España en la entonces Comunidad Económica Europea.
España es una economía de mercado, en la que existe libertad de movimiento de personas, capitales, materias primas y energía, mercancías y servicios, por lo que, a largo plazo, de acuerdo con la teoría de G. Myrdal de las “causalidades cumulativas” se ha ido produciendo una concentración de la industria, el comercio, la banca y, en general, la actividad económica, en unas pocas ciudades y provincias, mientras que el resto de la nación se ha desarrollado en menor medida. Como España fue una economía relativamente cerrada hasta nuestro ingreso en la Comunidades Europeas, ciertas partes de España se enriquecieron a costa del resto de la nación, en un mercado interior poco abierto al exterior.Desde luego no se concibe que exista autonomía territorial sin correlación con una solidaridad amortiguadora de las diferencias territoriales en renta por habitante y calidad de vida.El artículo 2 de la Constitución reconoce y garantiza el derecho a la  autonomía de las distintas nacionalidades y regiones y la solidaridad entre todas ellas. Asimismo el artículo 158.2 establece que “con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, seconstituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso”.
La Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) recogió en su artículo 16 los principios generales del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), así como las reglas básicas que rigen dicho Fondo. Posteriormente, la Ley 22/2001, de 27 de diciembre,que regula todavía los Fondos de Compensación Interterritorial, incorporó a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla como beneficiarias de dichos Fondos que, por esa Ley, se llamaron uno de Compensación y otro Complementario, que se destina a la financiación de gastos de puesta en marcha o de funcionamiento de las inversiones financiadas por el Fondo de Compensación.El Fondo de Compensación Interterritorial no podrá ser inferior al 22,5 por ciento de la base de cálculo constituida por la inversión pública de cada año, que sean inversiones reales nuevas de carácter civil. El Fondo Complementario se dotará anualmente con una cantidad equivalente a la tercera parte de su respectivo Fondo de Compensación.El Fondo de Compensación se reparte de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 22/2001 en base a unos criterios o variables fijados en el artículo 16 de la LOFCA, debidamente ponderados por diversas variables: población de derecho de cada Comunidad, saldo migratorio de cada Comunidad en los últimos diez años, la superficie de cada Comunidad y el número de Entidades singulares por kilómetro cuadrado de cada comunidad. Una vez efectuado el reparto, lo que resulte se corrige en función de la inversa de la renta por habitante de cada territorio y, en su caso, del hecho insular.Por lo tanto el Fondo de Compensación Interterritorial se nutre del presupuesto anual del Estado, en la cuantía destinada a la inversión pública. Es decir que la solidaridad es ejercida por el Estado en favor de las CC.AA. menos desarrolladas y de Ceuta y Melilla; pero no se trata de una verdadera solidaridad de las CC.AA. más desarrolladas económicamente con las menos desarrolladas.
Por supuesto, la cuantía de los Fondos de Compensación Interterritorial depende de las inversiones de Estado que, en años de crisis como el actual, se reducen sustancialmente, como se observa en el siguiente cuadro:                                       FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL
(Euros por habitante)CC.AA.                                  2009                      2010                  2011*Andalucía                                  62                          56                      35Principado de Asturias               53                          42                      23Canarias                                    52                          52                      38Cantabria                                  19                           14                        7Castilla y León                           34                           27                      16Castilla-La Mancha                    61                           56                      35Comunidad Valenciana               29                           28                      18Extremadura                               90                           77                      45Galicia                                        73                           62                      36Región de Murcia                       47                           44                      28TOTAL (media)                         53                           47                      29*Previsión
Hay que tener en cuenta también que, como la inversión pública del Estado se había subordinado a la dotación para España de los Fondos Estructurales de la Unión  Europea, al ir desapareciendo éstos se ha reducido correlativamente la asignación a los Fondos de Compensación Interregional en euros por habitante a las CC.AA. menos desarrolladas, disminución mayor todavía al incorporar el efecto de la crisiseconómica. Por ello, los Fondos para 2011 son inferiores en casi un 37 % a la dotación de esos Fondos en 2010, lo que supone una drástica reducción de la solidaridad regional, que debería ser corregida mediante una correlación del aumento de la cuantía de los fondos con el incremento anual del Producto Interior Bruto.Siendo conscientes el Estado y las CC.AA. de la necesidad de mejorar la deficiente solidaridad regional que existía, el Acuerdo 6/2009 de 15 de julio, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, trató de paliar esa situación con la creación en diciembre de 2009 de dos nuevos Fondos de convergencia autonómica,financiados por el Estado, para aproximar las CC.AA. de régimen común en términos de financiación por habitante ajustado y favorecer la igualdad, así como para favorecer el equilibrio económico territorial.El primero, denominado Fondo de Competitividad trata de reforzar la equidad y la eficiencia en la financiación de las necesidades de los ciudadanos y reducir las diferencias en la financiación homogénea per cápita entre las CC.AA., al mismo tiempo que se incentiva la autonomía y la capacidad fiscal en las CC.AA.. Este Fondo se repartirá anualmente entre las CC.AA. con financiación per cápita inferior a la media o a su capacidad fiscal, en función de su población ajustada relativa, con los límites que se establezcan por ley.El segundo, titulado Fondo de Cooperación, trata de complementar la financiación para equilibrar y armonizar el desarrollo regional estimulando el crecimiento de la riqueza y la convergencia regional en términos de renta. Serán beneficiarias de este Fondo aquellas comunidades que cumplan las siguientescondiciones:a) Que tengan un PIB per cápita inferior al 90 % de la media correspondiente a las CC.AA. de régimen común.b) Que tengan una densidad de población inferior al 50% dela densidad media correspondiente a las CC.AA. de régimen común.c) Que teniendo un crecimiento de población inferior al 90 % de la media correspondiente a las CC.AA. de régimen común, tengan una densidad de población por kilómetro cuadrado inferior a la cifra resultante de multiplicar por 1,25 la densidad media de las CC.AA. de régimen común.
En definitiva,  de esta forma se ha creado “un complejo y opaco sistema de transferencias territoriales que opera a través de unos fondos denominados de convergencia y de competitividad, más bien oscuros, en los que se entremezclan las funciones propias de la financiación autonómica con las que la Constitución reserva al Fondo de Compensación Interterritorial, destinados a corregir los desequilibrios territoriales”.
De lo dicho anteriormente, especialmente de la creciente disminución de las dotaciones al Fondo de Compensación Interterritorial, se deduce que España se encuentra inmersa en un proceso de sustitución de la solidaridad autonómica por la ayuda directa del Estado a las regiones y territorios menos desarrollados. Pero como, en todo caso, la solidaridad interregional ha de ser un objetivo principal de la política económica, con autonomías o sin ellas, para compensar los desequilibrios que en el desarrollo regional origina el crecimiento capitalista, cuando escasean los mecanismos correctores del libre mercado, la actual instrumentación de la solidaridad manifiesta que el Estado ha tenido que intervenir financieramente paramantener esa indispensable solidaridad interregional, lo mismo que hubiera tenido que hacer si fuese un Estado unitario centralista.Con la creación del Fondo de Competitividad y del Fondo de Convergencia el Estado ha certificado el rotundo fracaso de la solidaridad autonómica en España. En nuestro Estado de las Autonomías no existe solidaridad de las CC.AA. más desarrolladas con las CC.AA. menos desarrolladas, porque las Comunidades territoriales ricas están actuando de forma egoísta e insolidaria con las CC.AA. menos desarrolladas y, consiguientemente, con todos los españoles que entonces tenemos que financiar con nuestros impuestos la ayuda solidaria para competitividad y convergencia que el Estado presta a las CC.AA. menos desarrolladas y que debería ser prestada, es decir financiada y pagada a su costa, por los CC.AA. más desarrolladas si estuviéramos en un verdadero Estado autonómico.Cataluña es muy reticente a la solidaridad interterritorial. Desde que se usa el instrumento de la Balanza Fiscal y ésta resulta negativa para Cataluña los nacionalistas afirman que su Comunidad ya practica la solidaridad interregional como muestra el saldo negativo de la Balanza Fiscal catalana. Recientemente, Durán y Lleida ha solicitado que se fije en un máximo de un cuatro por ciento de déficit de esa Balanza la aportación de Cataluña a la solidaridad con otros territorios. Sin embargo, como los datos y el resultado de la Balanza fiscal dependen de los criterios de imputación no parece factible usar el saldo de esa Balanza para medir la solidaridad. Mikel Buesa afirma que dada la diversidad de esos criterios que se empleen, los resultados serán muy distintos: “así, tomando en consideración el caso de Cataluña como ejemplo indicativo, el profesor Ramón Barberán demostró que el saldo fiscal de esa región, estimado según las diferentes reglas de cálculo utilizables, tiene un recorrido que va desde una cifra positiva equivalente al 0,4 % del PIB a otranegativa del 7,9 % de este agregado económico”.Para recuperar la verdadera solidaridad interregional se debería potenciar el Fondo de Compensación Interterritorial como factor de cohesión y solidaridad. Es indispensable revitalizar este Fondo para compensar en lo posible la desaparición de los fondos comunitarios europeos (Fondos de Cohesión y FEDER) que beneficiaban a algunas comunidades autónomas. La dotación al FCI debería incrementarseanualmente, como mínimo, en un 10 % durante un largo periodo de tiempo.La crisis de nuestro Estado de las Autonomías no es solamente una crisis del modelo de financiación autonómica, porque falla también la solidaridad interterritorial. La crisis del funcionamiento de las Comunidades Autónomas se produce por su inadecuada financiación y su desmesurado endeudamiento; pero también y sobre todo, por su insolidaridad.
El mejor diagnóstico de las enfermizas y despilfarradoras Autonomías en España no podía hacerlo un técnico, un experto. Tenía que hacerlo un escritor, un poeta. ¡Y lo ha hecho!, observando la situación desde su Tronera, desde su columna del diario El Mundo. Antonio Gala se ha sincerado y nos ha dado su certerodiagnóstico: los ciudadanos españoles se han divorciado ya de las Autonomías porque no son solidarias…y ni siquiera eficientes. Actualmente solo los políticos continúan estando encantados de su amancebamiento con las Autonomías, pues actúan como hacen los proxenetas con sus prostitutas, a las que explotanincesantemente.La visión esclarecedora de Antonio Gala es la siguiente: “No fui muy partidario de las autonomías: multiplicar por 17 la gente preparada para su gobierno, además del nacional, es de un optimismo inmensurable.Si defendí la de Andalucía fue porque no podía quedar por debajo de ninguna…En cuanto vengan –y vendrán- mal dadas, ese sistema se tambalea. Diferencias que duelen, aspiraciones de superioridad, multiplicación de desvergüenzas menos controlables, persistencia de las diputaciones, y herencias infelices de modos y modales de un régimen aún no fenecido. Cuando las cosas van bien, meter mano es fácil y habitual; cuando van mal –y van- todo es acusar al de enfrente. Y multiplicar tantos de enfrente y tantos egoísmos destrozan a cualquiera. El régimen autonómico, o es generoso y solidario y consciente de lo que forma parte, o es un arma arrojadiza peligrosísima. Lo estamos comprobando. Y lo comprobaremos más aún con un régimen insolidario que procurará cargar culpas a su antecesor y quedar como un ángel. Ojalá no quede como un ángel caído. Por desgracia, será lo más probable. Según ha comenzado….”.
Del libro "El Ocaso de las Autonomías, de Joaquín Javaloys. El libro completo puede descargarse gratuitamente aquí