La magnitud de la tragedia: desahucios y números

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Desde que la burbuja inmobiliaria estallara a finales de 2007, y con ella se iniciara la crisis de legitimidad sistémica que estamos viviendo hoy, se está visualizando el problema de la vivienda como un hecho transversal a todos los estratos de la sociedad. A este cambio en la mentalidad social, que antes veía la vivienda principalmente como un problema de acceso de determinados colectivos -jóvenes, familias monoparentales, etc.- ha contribuido indudablemente la acción llevada a cabo por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, un movimiento social surgido de los alrededores del Observatorio DESC de Catalunya y que ha encontrado en los colectivos 15M las sinergias para maximizar su acción. 
El problema de la vivienda, ahora, no es el acceso en sí mismo -que también-, sino la pérdida de quienes ya habían comenzado a acceder. El sobreendeudamiento de las personas que durante el periodo 2000-2006 contrataron una hipoteca, unido al fin del trabajo remunerado para más de 6 millones de personas en España, ha mostrado la injusticia que la ley hipotecaria de España comete y la desprotección como consumidores, pero más especialmente como ciudadanos, que tienen aquellos que firman un contrato con una entidad financiera. 
Sin embargo, y a pesar de lo mucho que se debate sobre el tema en el ámbito público, no existe una certeza de sus dimensiones ni una posibilidad de comparar series históricas. Sabemos, porque nos lo dice nuestro sentido común y las cifras contables amañadas por los bancos, que los desahucios de personas que contrataron una hipoteca y que ahora no la pueden pagar han aumentado con respecto a otras épocas históricas de nuestro país. Pero no tenemos la certeza numérica, la estadística que tantas veces rebate los discursos peligrosos. 
Esto es así porque hasta ahora a nadie le había preocupado contarlo. Sólo durante 2012, cuando el problema se situó aún con más fuerza si cabe en los debates públicos, diversas instituciones se propusieron comenzar a contar cuántas viviendas estaban siendo vaciadas legalmente al amparo del impago hipotecario. Fueron instituciones como el Banco de España o el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Inmuebles y Mercantiles. 
El Banco de España elaboró un sistema de encuesta sobre la base de las entidades financieras que mantienen el 85% del crédito hipotecario vivo. Y en ella cuenta las viviendas entregadas a dichas entidades. Su cifra se dispara a 32.490 viviendas habituales, 39.167 contando las no habituales. En su informe, que pretende ser semestral a partir del primero, publicado en Mayo de 2013, separa entre las viviendas entregadas voluntariamente (18.325 habituales, 20.972 en total) y las entregadas por vía judicial (14.165 h., 18.195 t. ). También dentro de las entregadas judicialmente separa como viviendas vacías (11.760 h., 15.227 t.) y las que estaban ocupadas (2.405 h., 2.968 t.). 
Unas cifras que aunque no coinciden exactamente con las del Colegio de Registradores sí se le asemejan. Dicho colegio profesional se encargó de contar las viviendas registradas por adjudicación en un proceso de ejecución hipotecaria. Es decir las viviendas de este tipo que inscriben los bancos que se quedan con la de un exprestatario y que están obligados a registrar. Y lo hizo en el 85% de sus oficinas. El informe habla de 30.050 viviendas habituales, sobre un total de 38.976.
Los dos informes adolecen de problemas. Ninguna abarca el 100% de su territorio. Además, ambas miden cosas diferentes y tiene problemáticas diferentes en su contabilidad. Junto a ellos, el Boletín de Estadística del Consejo General del Poder Judicial intentó en Julio de 2013 realizar una extrapolación a toda España según los datos recolectados en cuatro juzgados de Madrid. Según sus cálculos, consideran realista la cifra de 43.858 lanzamientos realizados durante 2012 derivados de ejecuciones hipotecarias.
Son, en cualquier caso, unas cifras aproximadas de la dimensión del problema. Más aún si tenemos en cuenta que durante 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy implementó tanto el Código de Buena Conducta de las entidades financieras (Febrero), como una moratoria de dos años de los lanzamientos (Noviembre). Ambas medidas fueron más un canto al cielo y una patada a seguir al problema que una respuesta concreta. Las condiciones para acceder a dichos procesos son muy restrictivas y apenas se han documentado casos que se hayan podido acoger. Pero cabe esperar que aunque mínimo, su impacto en las cifras -especialmente el Real Decreto de Febrero- haya sido reductor.
Respecto al perfil de las personas afectadas, tanto la propia PAH como el Servicio de Mediación a la Vivienda de Cáritas Diocesana de Barcelona han coincidido en señalar que se trata principalmente de familias con menores que tienen problemas de paro. Es decir, que no se trata de una insumisión social y general, sino de un efecto directo provocado por el estallido de la burbuja inmobiliaria, la misma que forzaba el acceso a la vivienda hacia la compra durante los años de bonanza macroeconómica.
Con todo, y a pesar de la retahíla de números que hay en este texto, no podemos responder a una de las preguntas fundamentales que toda persona ha de hacerse cuando se enfrenta a una estadística social: “Este número que veo, ¿es suficientemente grande?”. No tener referencias históricas, e incluso no poder comparar diferentes cifras porque éstas contabilizan objetos diferentes, impediría a un Gobierno poder realizar acciones directas más sutiles que las planteadas por la PAH u otras entidades. Por ejemplo, sería complicado saber de cuánto porcentaje sería necesario establecer una quita global a los préstamos hipotecarios para que el problema se atenuara y tuviera consecuencias sociales directas. 
Sería interesante que el Ministerio de Fomento, del que depende la política del Gobierno en materia de vivienda, pusiera sus ojos en este problema, estableciera criterios, coordinara información con el Ministerio de Economía, de Hacienda o de Justicia y, al menos, realizara un conteo de cuál es el problema con las hipotecas y el sobreendeudamiento. Sobre todo cuando vivimos en un país donde este Ministerio ni siquiera ha sido invitado a participar en la SAREB (o Banco Malo), la institución con mayor número de viviendas vacías de la historia de España y a través del cual se podría realizar la mayor y mejor política de vivienda que hayamos conocido.