Las CC.AA., la Deslealtad y la Constitución Española.

Las autonomías, nacidas desde la Constitución Española y bebiendo desde entonces del erario, se han embarcado desde los comienzos de esta etapa constitucional en una loca carrera por ser los más alejados del estado, los que cuentan con más competencias birladas al estado o los que más dinero logran extraer del erario. Esta desleal competencia no ha hecho otra cosa que deslegitimar a cada una de las Autonomías, hasta el punto de ser actualmente partes periféricas del estado español, en guerra frontal contra el propio estado del que forman parte, y de paso, contra toda la nación que no está contenida dentro de sus fronteras.

Las autonomías nos han convertido en un país enfrentado bajo las banderas autonómicas. El concepto de España como “Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” se ha ido literalmente al carajo, con la inestimable ayuda de los grandes partidos mayoritarios que cada vez que han necesitado un apoyo puntual de los nacionalistas, han ido cediendo competencias hurtadas a un estado indefenso por el manifiesto abandono de funciones de su responsable constitucional.Crecer sin un proyecto, sin un horizonte, sin un fin determinado, desorganizadamente, únicamente impulsados por las necesidades de apoyo puntual de PP y Psoe en el gobierno, sumado a la crónica hambre competencial de los partidos nacionalistas periféricos, nos ha traído a ser lo que somos. Un país desquiciado, incompresible para el observador externo, con constantes roces y fricciones entre los diferentes niveles del estado y con una cantidad inasumible de políticos, directores generales, consejeros, asesores, altos cargos, cargos de confianza y todo tipo de enquistados en la administración pública.

Supongo que en un principio la tendencia de las autonomías a adquirir competencias pudo deberse a un honesto intento de acercar el estado al ciudadano y poder servirlo teniendo en cuenta sus particularidades y propias características. Desde la buena voluntad, podemos decir que probablemente haya sido así, pero nadie pensó que para cada competencia adquirida, la correspondiente dotación económica sería insuficiente ya que es lógico que el coste de un servicio se encarezca si se reducen de forma tan drástica sus “clientes”.  Si a lo anterior sumamos el desatado clientelismo autonómico, los cientos de miles de “enchufados” de mala forma en la administración,  las miles de empresas públicas creadas para gestionar los presupuestos al margen de los controles  del estado, y la galopante y alarmante corrupción en nuestra clase política, antes o después íbamos a tener como resultado lo que estamos viviendo. La quiebra de nuestro estado.
A estas alturas del partido, no valen más recetas que tomar el toro por los cuernos y revertir la situación desde el origen. Lamentablemente, tenemos un gobierno que ha cogido el camino equivocado y prefiere exprimirnos hasta la última gota del fruto de nuestro trabajo para mantener un estado insostenible. Por supuesto que no es de recibo machacarnos hasta el sufrimiento para mantener los privilegios de una casta insaciable, o instituciones inútiles, o una administración paralela, u organismos duplicados y triplicados  o cientos de miles de no funcionarios que viven de la administración sin que nadie sepa muy bien qué hacen.
Si todo este error comenzó desde la Constitución, habrá que buscar en ella la solución. Y allí está, a disposición de un gobierno firme, que sepa a dónde va y que sepa qué es lo que quiere para los ciudadanos a los que sirve. El artículo 155 de la Constitución es absolutamente claro, no admite discusión posible, sencillamente describe una situación, que lamentablemente llevamos años viviendo, y pone en manos del Jefe del Gobierno unos formidables poderes para obligar a una Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso de la Constitución y las leyes y para proteger el interés general.
Constitución Española, Art. 155:
1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
¿Usará estas herramientas nuestro gobierno para ordenar la casa y reducir gasto, o preferirá continuar por el camino fácil de machacar sin piedad a ciudadanos sumidos en la pobreza y la desesperanza?

Plataforma de Ciudadanos “Recortes para Todos”