La caída del consumo interno en España pasa factura a todos los sectores y uno de los más sensibles y expuestos es el de la publicidad. Los expertos han revisado a la baja las estimaciones del mercado de publicidad en televisión para 2011 del -5,0% al -7,5%, y del +3,0% al -1,0% en 2012 y ello va a suponer inexorablemente que las cuentas de resultados de las televisiones se van a ver afectadas, aunque para el cuarto trimestre se espera una reactivación de campañas en algunos sectores como el financiero, que no se espera detenga la caída de las cifras del sector.
Ocurre este deslizamiento de las cuentas de las televisiones en un momento en que los gestores de la cosa pública se esmeran en desarrollar fortísimos ajustes del gasto que afecta a áreas tan sensibles como la sanidad o la educación, mientras las televisiones públicas se mantiene intocables acumulando deuda y multiplicando subvenciones de forma exponencial y aunque la cifra final es celosamente guardada, las estimaciones apuntan a que solo en subvenciones las trece cadenas autonómicas podrían estar recibiendo cerca de mil millones de euros anuales.
Extrapolando el estudio encargado por la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECO) a la consultora Deloitte y haciendo una estimación grosera, las cadenas autonómicas cuesta a las comunidades algo menos de mil millones de euros en subvenciones, ingresan cerca de 250 millones por publicidad y registran unas pérdidas cercanas a los 1.200 millones de euros.
Los últimos datos conocidos gracias al estudio de Deloitte y referidos a 2010 apuntan a que los trece grupos de televisiones autonómicas que hay en España -todas, salvo Cantabria, Castilla y León, La Rioja y Navarra- manejaban en 2010 un presupuesto de 1.860 millones, pero su deuda global ascendía a 1.480,6 millones.
Bien es cierto que las televisiones autonómicas generan 10.000 puestos de trabajo, aunque para ello, cada ciudadano que vive en una comunidad que tenga televisión autonómica pone de su bolsillo 140 euros para su mantenimiento. El dato sangrante que permite valorar la dimensión del coste que suponen estos medios de comunicación, es que este gasto es superior al dinero ahorrado congelando las pensiones en 2011.
Aunque el giro producido en las últimas elecciones autonómicas y locales debería propiciar un sesgo en esta tendencia, dada la disposición de los nuevos gobiernos autonómicos a “vender” las televisiones autonómicas, esto no resulta posible al día de hoy, debido a la legislación estatal en vigor, por lo que habrá que esperar para ver decisiones en este sentido.
Mientras tanto, habrá que continuar compartiendo los sobresaltos de los ajustes con cifras escandalosas como que los costes de Canal Sur superen los 232 millones de euros o los de la televisión catalana se disparen a los 324 millones; o que Canal 9, la televisión pública de la Comunidad Valenciana, tenga 1.800 trabajadores, una plantilla superior a Tele 5 y Antena 3 juntas; o que en Baleares, la televisión autonómica haya llegado a consumir el 3,48% del presupuesto autonómico.
Conscientes de la poderosa herramienta política o identitaria que se supone que es la televisión, los partidos políticos no parecen dispuestos a desprenderse de sus canales autonómicos, prefiriendo suprimir antes otros servicios de carácter social. Sin embargo, en nombre de la racionalidad económica, se impone un nuevo modelo que pasa por la revisión del actual bajo unas reglas lo más próximas a las vigentes por la conocida como economía de mercado.
Carlos Díaz Güell
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