Las nuevas medidas de Ajuste. Continúa el abuso de la casta.

Hemos escuchado al señor Rajoy anunciar las nuevas medidas de ajuste, y la primera impresión que nos ha causado es que no hay ánimo por parte de la Nomenklatura de compartir con los ciudadanos el coste de la crisis.
Fijar desde el gobierno las remuneraciones de alcaldes y concejales, no está mal, aunque tampoco será la panacea. La mayoría de los alcaldes y concejales españoles no cobran por su gestión pues corresponden a pequeños ayuntamientos de 5 o 7 concejales en municipios de menos de 3 mil habitantes. Los alcaldes de ciudades medianas y grandes suelen compatibilizar su alcaldía con otros cargos institucionales, como diputado autonómico, o presiden empresas de capital municipal que les reportan interesantes ingresos, por lo que no se verán afectados por esta medida.
Dónde verdaderamente está el caos, el desorden y la barra libre es en el nivel autonómico, que no se toca. Se mantiene el absurdo de presidentes autonómicos ganando más que el Presidente del Gobierno o concejeros que ganan más que los ministros, por no hablar de Directores Generales, Altos Cargos y Asesores, una cantidad exorbitante de paniaguados en su mayoría, que nos expolian impunemente.
Nada se ha dicho sobre el Senado y el Consejo de Estado, símbolos de instituciones absurdas, prácticamente sin competencias, y mantenidas solamente para proporcionar cargo y sueldo a personalidades que han prestado servicios “distinguidos” a los partidos, que no a los españoles.  
Quitar las pagas extras a los funcionarios, pero “solicitar” que también se las quiten los políticos, es un chiste.  El partido de gobierno tiene suficiente fuerza a nivel de Congreso, Senado y varios parlamentos autonómicos como para proponer y aceptar esta rebaja.  Incluso deberían haberlo hecho antes del anuncio de Rajoy, más que nada por eso de  predicar con el ejemplo.
Según la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, en su último “Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas del Registro Central de Personal” (ver Cuadro), nos indica que la administración paga a 2.746.150 personas cada mes, pero curiosamente sólo 1.638.175 son funcionarios. Del resto, 693.7812 son personal laboral, lo que nos parece una cantidad desmesurada de gente. No obstante lo que resulta de verdad llamativo es que la administración pague mensualmente a 351.414 personas calificadas como “Otro Personal”. Obviamente sería muy interesante que el gobierno explique quiénes son y qué hace esta gran cantidad de personas enquistadas en la administración, cobrando de ella y que son desconocidos para los ciudadanos que pagamos sus sueldos. Quizá reducir este personal a cero aporte más al erario que eliminar la paga extra a los funcionarios o reducirles sus ingresos.

Por otra parte, mantiene el gobierno uno de los símbolos del derroche, del despilfarro, como son las Televisiones del Estado. Hace unos días, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones presentó su Informe Económico Sectorial 2011 ( http://informecmt.cmt.es/ ). En este informe podemos comprobar que durante el año 2011, con la crisis afectando duramente a los ciudadanos españoles, el estado puso a disposición de sus televisiones, 2.334,5 millones de euros. A la luz de estos datos, los ciudadanos realmente no entendemos que se nos machaque continuamente con nuevos impuestos, tasas, recortes, etc. mientras se mantienen estas empresas deficitarias y no se tome una sola medida tendiente a reducir su gasto y menos a eliminarlas vía privatización, cierre o entrega a sus trabajadores a cambio de un alquiler.
Finalmente, queremos referirnos a los recortes en las prestaciones por desempleo.  Hemos sabido hoy por boca de Rajoy que a partir de su aprobación por el Congreso, las prestaciones por desempleo se reducirán al 50% a partir del quinto mes. Estimados lectores: nos parece realmente un abuso, una muestra de la soberbia de un estado que mantiene sus privilegios a pesar de la que está cayendo, que no se haya dispuesto una reducción, en la misma medida, de las indemnizaciones que reciben los altos cargos instituciones, como diputados, senadores, ministros, secretarios de estado, etc. durante dos años una vez que abandonan el puesto. Esta medida que afecta a los ciudadanos pero no a la casta es el ejemplo perfecto de que los políticos, todos, no tienen vergüenza y están dispuestos a hacer pagar su pésima gestión a los demás, excluyéndose ellos de forma vil y canallesca de asumir sus errores compartiendo los costes que han ocasionado.

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