Leyes mortales...

Leo con gran tristeza que, finalmente, como no podía ser de otro modo, la normativa que impide la adecuada atención al inmigrante, se ha cobrado su primera víctima... Y por supuesto nuestro gobierno mira hacia otro lado y culpabiliza a los profesionales sanitarios que no pudieron atender adecuadamente a dicho inmigrante... ¡porque su ley le había privado de la asistencia sanitaria! Os copio el texto que se ha publicado en Sano y Salvo... Ojalá esta muerte sirva para abrir los ojos a nuestros políticos, ojalá nos demos cuenta, de una vez, que la salud es un DERECHO, que no se puede vender, ni regalar... ni se puede dejar sin ella a una gran minoría de la población. Escribo con lágrimas de rabia... porque un error es siempre una tragedia... pero lo ocurrido con Alpha Pam no fue un error:

No son errores, la culpa es de la ley

Transcribimos a continuación el comunicado de Médicos del Mundo y semFYC a raíz de lasdeclaraciones y actuaciones de las autoridades sanitarias tras la muerte de Alpha Pam, inmigrante fallecido, sin tratamiento, por una tuberculosis.
La apertura de expedientes sancionadores a los profesionales del sistema sanitario no es la vía para resolver los cientos de casos de personas sin acceso efectivo a la salud en España Donde la ministra de Sanidad ve "errores", Médicos del Mundo y la Sociedad Española de Medicina Comunitaria y de Familia (semFYC) ven consecuencias de la ley. No es la mala praxis de las y los profesionales sanitarios la que está generando falta de atención médica a miles de personas, con resultado incluso de muerte, sino la imposición de una legislación -el RDL 16/2012- que se aprobó sin medir las consecuencias que tendría en la vida de las personas y en la salud pública.La muerte de Alpha Pam ha destapado hasta qué punto una decisión legislativa puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, pero su caso no es el único: las organizaciones que defendemos el derecho a la salud vemos cada día situaciones que podrían acabar de forma similar, porque la normativa aprobada el año pasado ha supuesto la retirada de la tarjeta sanitaria a miles de personas, que ya no tienen un facultativo de referencia a quien acudir.Desde Médicos del Mundo y la semFYC somos conscientes de la presión que recibe tanto el personal sanitario como el de admisión del Sistema Público de Salud para aplicar estrictamente la normativa y aun a pesar de ello, sabemos que muchos están decididos a atender a las personas que lo necesiten. La solución no puede estar en criminalizar a las y los profesionales, sino en derogar una ley que más que ahorro, genera caos y enfermedad, algo que las dos organizaciones quieren señalar expresamente tras la apertura de expediente investigador a tres trabajadores del hospital de Inca por parte de la Conselleria de Sanidad balear. Buena atención, bloqueo legal En muchos de los casos documentados por Médicos del Mundo, ha existido una buena praxis del personal administrativo y una buena praxis médica, y sin embargo las barreras establecidas en la reforma sanitaria impiden el adecuado tratamiento de las patologías. Así ocurre en el caso de M.H., un joven paquistaní, también residente en Baleares, que fue atendido adecuadamente en atención primaria, citado en rehabilitación y al que se le tomaron las muestras para la realización de la analítica correspondiente. Sin embargo, el resultado de las pruebas diagnósticas no se ha podido enviar de vuelta al centro de salud, porque al no tener tarjeta sanitaria el sistema informático no permite el procesamiento. Por tanto, es la legislación la que imposibilita tratar adecuadamente a las personas enfermas, no los profesionales. La responsabilidad está en otra parte La investigación abierta por la administración balear y su interpretación de los hechos buscan culpabilizar a los profesionales con los que se encontró Alpha Pam en su periplo, cuando es la nueva normativa sanitaria la que no les permite realizar adecuadamente su trabajo.Lo cierto es que Alpha Pam, al carecer de tarjeta sanitaria, a pesar de llevar varios años empadronados en Mallorca, no contaba con un médico/a de familia en el Centro de Salud; por tanto nadie pudo llevar a cabo un adecuado seguimiento del avance de su enfermedad desde el primer momento en el que él acudió, no se pudo activar el protocolo correspondiente en un caso de enfermedad transmisible, ni fue posible derivarle desde Atención Primaria a especializada.Lo cierto es que las autoridades sanitarias habían sido advertidas de las consecuencias que estaba teniendo la aplicación del RDL, sin que llevaran a cabo ninguna actuación para ponerles fin. Por tanto, éstas se han seguido produciendo con la complicidad implícita de las autoridades responsables de las políticas sanitarias, desde los gobiernos autonómicos a la ministra de Sanidad.