Marta del Castillo: cuando la ley fracasa por ambiciosa

Normal que haya manifestaciones. Un puñado de adolescentes analfabetos putea a los tribunales de justicia, a la policía y a todo el país y se van de rositas. Como para no indignarse. Además, si Amarrosa y Miraunamoderna Griso soliviantan al público matinal, los ánimos están que trinan.
La indefensión de la familia y amigos de Marta se une a la de muchísima gente que vemos con preocupación cómo se abre una puerta a que se cometan injusticias de este tipo en el futuro. Basta un poco de sangre fría y unas buenas recomendaciones de tus abogados para marear la perdiz (leo que el tribunal escuchó hasta diez versiones de los hechos). Con la de niñas que desaparecen y/o son brutalmente asesinadas cada año, no nos podemos permitir el lujo de no resolver este tipo de casos.
Y no sólo protestar por que las cosas no funcionan como deberían (empezando por la cabecita llena de pájaros de esos chavales), sino también salir a la calle para compartir el dolor con la familia es un gran motivo. Dicen que el dolor compartido es menos dolor.
Al margen de la motivación de la sentencia (que no discuto pues sin ni siquiera hallar el cuerpo poco más han podido hacer), la injusticia en este caso comienza en un escalón anterior. En una ley del Menor que protege al agresor. Mucho taimado cree que a un menor de edad no se le puede juzgar como a un adulto. Cuando un menor comete crímenes de adulto, se le debe juzgar como un adulto y es más, los responsables directos de su educación tampoco se pueden ir de rositas. Es cierto que endurecer las penas no afecta al índice de crímenes, pero afectar responsablemente a terceros sí tiene un efecto desmotivador. Esto se comprueba por ejemplo, con las multas por destrozos, ruidos, beber en la calle y demás. Si los padres o tutores legales tienen que pagar las multas, actuarán en el futuro como primera barrera de contención para este tipo de faltas. La filosofía que hay detrás de esto, y sus efectos, pueden ser extrapolables a crímenes más graves.
Contra esto se puede objetar que no pueden pagar "justos por pecadores", pero ¿acaso no tiene delito el desentenderse de la educación cívica de tus propios hijos? Confiamos tanto en que el Estado nos provea de todo, que hasta esperamos que nos limpie el culo. Pues no, hay cosas que dependen de nosotros mismos. Ser persona significa tener ciertos derechos y deberes al margen del Estado. Estamos tan cegados por los tentáculos públicos que pringan todas las facetas de nuestras vidas, que llega un día en que nos sorprende comprobar que algo sale mal en el proceso.

En los parlamentos del oro y de la sangre, se aprueban leyes para moldear la sociedad a gusto de los diseños con escuadra y cartabón que se hacen en las cocinas de los partidos. Esto no estaría mal en tanto esos parlamentos fueran reflejo de la sociedad que les vota. La pena es que en el proceso político se producen todo tipo de disonancias cognitivas, meten la mano grupos de interés y hay cierta opacidad que los que somos ajenos a su actividad diaria no somos capaces de entender.

Que nadie se llame a engaño, el caso Marta del Castillo es un caso político porque tiene una lectura política. Como otros casos cuyas sentencias claman al Cielo, responde a la idea de justicia y educación que diseñaron unos tipos en un despacho. Es decir, al problema de establecer límites al poder, al problema de tener a una ciudadanía responsable, de sí misma y de sus hijos.