No suelo adelantar las conclusiones a las que llego en el título del artículo, pero esta vez se podría decir que la cosa está más que clara. La conocida como Ley Sinde, que se encuentra en Ley de la Economía Sostenible (LES), no solo va a suponer un ataque a la libertad de expresión en la red, lo cual no es poca cosa, sino que también atentará directamente contra uno de los principios básicos de cualquier sistema que se considere democrático, como es la separación de poderes. La ley es tan draconiana que resulta incluso difícil poner en orden las ideas para hacer un análisis, porque cuesta saber por donde empezar.
De todas maneras, trataré de comenzar por lo que supongo que es el principio, cronológicamente hablando, aunque sea de lo último que salió a la luz pública. Se ha sabido por las filtraciones de Wikileaks que EE.UU presionó al gobierno de España para que pusiera fin, o tratara de atajar al menos, la piratería en su territorio. Ante este aviso el gobierno se debió poner a la obra y así es como en diciembre del 2009 salieron a la luz algunas características de esta ley. Es decir, José Luis Rodríguez Zapatero, aquel “rebelde” que hizo el paripé de no levantarse ante la bandera de los EE.UU en aquel desfile, no tiene reparo alguno en legislar al son de la administración norteamericana. Claro, que ésta lo hace al interés de sus multinacionales que ya debieron darle el toque de atención pertinente al ver que en España no sacaban bastantes beneficios para poder pagar sus yates y mansiones (Alejandro Sanz sabe bastante de eso). El Gobierno español renunciando a su soberanía permitió injerencias extranjeras en asuntos de Estado, y no tuvo problema alguno al dejar a su pueblo en segundo, tercer o cuarto lugar (vaya usted a saber) permitiendo que EE.UU le marcara las directrices a seguir. Este primer asunto es bastante grave, pero no es la primera vez que este gobierno se arrodilla ante los demás, lleva bastante tiempo ya postrado ante la banca y la patronal, así que esto decepciona pero no sorprende. El PP, al menos no se arrodilla ante ellos, pues resulta imposible arrodillarse frente a uno mismo.
El apartado de la ley que más críticas ha suscitado puede ser que traten de suavizarlo incorporando un arbitraje independiente, según se ha sabido hoy, (lunes 20 de diciembre del 2010)[1]. La ley propone crear una comisión administrativa dependiente del Ministerio de “Cultura” (irónicamente llamado supongo), el cual tendrá la facultad de cerrar páginas de Internet que puedan enlazar o alberguen contenido con derechos de autor. Aquí es cuando alguien puede pensar que quizás es lo que se deba hacer. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la legislación actual entiende que esto es perfectamente legal, siempre que no se tenga ningún ánimo de lucro. Dicha interpretación además es la que han seguido la mayoría de jueces que han dictado varias sentencias en este sentido. Esto es lo que debió de cabrear, y mucho, a algunas empresas y entidades de gestión como la SGAE que cansados de perder sentencias en los tribunales apostaron decididamente por esta ley. Es sabido que los tribunales deben resolver según lo escrito en las leyes, pero parece ser que esta comisión no tendrá las mismas intenciones. Es más, las únicas páginas que no podrían ser atacadas por la LES son las que tuvieran alguna sentencia o proceso judicial pendiente en torno a esta materia, motivo por el cual se han frenado muchas demandas actualmente, en espera de poder usar de la nueva ley, que sin duda, resultará mucho más atractiva para aquellos que sueñan con ver un Internet capado. Se me va a permitir, también, brevemente que deje constancia por escrito de la exasperación que me supone ver como se le usurpa al poder judicial de una función primordial, como es resolver conflictos jurídicos en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual. Esta competencia ahora pasará a la comisión, antes nombrada, que dependerá en última instancia del poder ejecutivo, difuminando más aun si cabe, la delgada línea, en nuestro sistema, de la separación de poderes.
La LES abre la puerta a un auténtico despropósito jurídico y moral, que tiene como fin censurar páginas Web en procesos administrativos de muy corta duración. Los cuales estarán a merced de los criterios del gobierno, de modo que cualquier opinión en contra del mismo (de cierta profundidad se entiende) podrá ser rápidamente silenciada. Parece ser que la intención de los gobernantes, es que Internet siga la estela de la televisión, la cual nunca ha sido una amenaza para el poder, puesto que huelga decir bajo que control se halla.
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[1] http://www.elpais.com/articulo/cultura/Pacto/in/extremis/ley/Sinde/elpepicul/20101220elpepicul_1/Tes