El artículo 25.1. de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice así:
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”
¿Se cumple esto en nuestro país? Es evidente que no. En España hay más de 2 millones de parados que no reciben ninguna prestación del Estado, lo que provoca unos niveles de miseria alarmantes: el 21,8% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Todo un crimen contra la dignidad de las personas.
Estamos ante una violación flagrante de los derechos humanos que, sorprendentemente, pasa desapercibida en los medios de comunicación mientras se dedican horas de cobertura y debates a asuntos banales o sensacionalistas, como el análisis pormenorizado de cada gesto del juicio a José Bretón.
La realidad es que en España, a diferencia de otros países europeos con mayor nivel de protección social, se trata a los desempleados como ciudadanos de segunda, sin una cobertura mínima de subsistencia, quedando a merced de la mendicidad salvo que la generosidad de familiares u organizaciones benéficas lo impidan.
Pero la caridad y la beneficencia, por muy loable que sean, no son la solución. Tal y como recogen la Declaración Universal de Derechos Humanos y nuestra propia Constitución, tener una vida digna es un derecho inquebrantable de cualquier ser humano, y conseguirlo pasa por una renta básica.
No se puede permitir que millones de ciudadanos queden excluidos de sus derechos por el mero hecho de no cumplir una serie de requisitos, decididos de forma arbitraria por la casta política, para recibir un subsidio. ¿Cómo puede una persona cubrir sus necesidades básicas sin recibir ningún tipo de ingreso?
Parece complicado que los millonarios dirigentes del PP, los que piden sacrificios mientras cobran varios sueldos públicos, vayan a actuar en defensa de la población, por lo que tendrá que ser la ciudadanía la que se movilice y consiga crear un debate público sobre este tema. Aunque suene difícil, la PAH o el 15-M han demostrado que se puede cambiar la mentalidad de la gente con la movilización popular.
En este sentido, ya se han puesto en marcha acciones como la iniciativa ciudadana europea por una renta básica universal, aceptada a trámite por la Comisión Europea, que recoge firmas vía internet. A nivel nacional, el Campamento Dignidad de Extremadura y el Frente Cívico Somos Mayoría han convocado una reunión el 1 de julio en Madrid para tratar la propuesta para una ILP de ámbito estatal por la renta básica de ciudadanía.
No nos queda más remedio que luchar por nuestros derechos, algo tan elemental como el derecho a una vida digna. No es una utopía, es algo de sentido común. No se puede permitir que se dediquen cantidades ingentes de fondos públicos a la banca, la monarquía o el ejército y al mismo tiempo se condene a la pobreza y a la exclusión social a millones de ciudadanos.
Por los derechos fundamentales del ser humano y en defensa de la dignidad:
¡Renta básica ya!