Se pueden hacer las cosas mal, muy mal o peor. Zapatero ha optado por hacerlas de mal en peor. Para seguir manteniendo una disposición transitoria en la Ley de Economía Sostenible, que según nos contó en mayo pasado iba a ser la ley más importante de la legislatura, la nueva propuesta explicada hoy por el Ministro de Justicia tiene tintes surrealistas: hay que modificar varias leyes orgánicas y otras tantas leyes. No mínimo de cuatro.
Todo para seguir igual.
Porque lo que nos quieren intentar explicar con la introducción de un juez de la Audiencia Nacional en el proceso, (de la Audiencia Nacional!!!) es que cumplen con las palabras de Zapatero cuando desautorizó a Sinde. Y en realidad, sigue siendo prácticamente lo mismo que había sobre la mesa: un juez intervendrá para asegurarse de que no hay colisión de derechos fundamentales, pero no entrará en el fondo del asunto y autorizará al Ministerio de Cultura a ordenar el cierre o bloqueo de la web en cuestión. No entrará en el fondo del asunto porque en cuatro días sólo asegurará que no se vulneren otros derechos al ordenar el cierre y significará que la potestad de decisión sigue estando en la Comisión de Propiedad Intelectual creada al efecto, y a partir de ese momento, se abrirá un maravilloso mundo de agotamiento de plazos en la administración contenciosa administrativa para demostrar tu inocencia mientras tu web sigue cerrada.
Si bien han modificado el planteamiento inicial de regular el procedimiento vía reglamento como nos filtraron en El País, para hacerlo por Ley, no deja de ser aberrantes varias de las cuestiones que se plantean.
Sólo desde la lógica de considerar el derecho a la propiedad intelectual como derecho fundamental se justifica la modificación legislativa que se pretende. El Ministro Caamaño lo ha dicho hoy: la propiedad intelectual es un derecho fundamental”. Y no lo es. Se quieren modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, además de otras tantas leyes, y lo que es peor, a mi juicio, pervirtiendo gravemente el ordenamiento jurídico, ya que el contencioso-administrativo regula las actuaciones que se deriven de las actuaciones de las Administraciones Públicas sujetas al derecho administrativo, por lo que se puede deducir que el Ministerio de Cultura va a ser titular de las demandas contra los editores de las páginas web y no los autores o particulares que consideren vulnerados sus derechos. En caso de perder esa demanda y tener que indemnizar al dueño de la página cerrada ya saben quienes vamos a pagar.
Se crea, además, un procedimiento ultrarápido para supuestamente proteger determinados derechos, incurriendo, tal y como está el patio de la justicia en nuestro país, en un privilegio injustificado. Hay miles de demandas en los juzgados tan o más importantes que cerrar una página de enlaces que también merecería esos cuatro días. Vayan ustedes a reclamar un impago de la nómina o un despido improcedente a ver cuanto tarda magistratura en resolver. En un país donde los afortunados ven preescribir sus delitos, suena a cachondeo el asunto. Si además piensas que la misma Audiencia que entiende de terrorismo, narcotráfico o blanqueo de dinero va a ver los casos de enlaces a mp3 de paquito el chocolatero, el esperpento es completo.
Se sigue pensando en que la solución pasa por la prohibición de las descargas, cuando esa batalla está perdida. El día mismo que se apruebe la ley los editores de esas webs de enlaces cambiarán los mismos dirigiéndolos a Google, o a cualquier buscador, ¿Los cerrarán?. Por que ni siquiera modificando nuestro ordenamiento jurídico van a conseguir nada. Más valdría que todos estos esfuerzos dedicados a prohibir fueran en dirección de como compensar justamente a los autores sin tener que poner sus derechos por encima (o a la misma altura) que derechos fundamentales.
Y por último por hoy: Que la ley más importante de la legislatura según Zapatero sea totalmente tapada por el debate de Internet es sospechoso. La primera vez aludimos a la torpeza de Sinde y a la descoordinación para justificarlo. La segunda ya no. A lo mejor lo que se pretende es ello porque la Ley de Economía Sostenible es puro humo y se prefiere que miremos al dedo antes que el bosque. ¿No contaban que los diputados socialistas estaban indignados porque les habían colado a última hora y sin tiempo esa disposición desde Cultura?. Pues ahora ya no hay excusa que valga y ya veremos con que viajeros emprende unas reformas que necesitan mayoría absoluta.
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