El Colegio de Registradores de España ha cifrado el número de desahucios de primera vivienda en 2012 en 30.034, es decir, uno cada 15 minutos. Sin embargo, la principal preocupación para el PP y sus medios de manipulación son los escraches.
El Gobierno ha comunicado su decisión de multar a los participantes identificados en las protestas junto a la casa de Soraya Sáenz de Santamaría. Un ejemplo de represión arbitraria para escarmentar a la población que lucha por sus derechos, por muy apurada que sea su situación económica por culpa de las políticas neoliberales que han sumido al país en un clima de miseria.
La criminalización de las protestas es una campaña de humo con el único objetivo de desviar la atención de la raíz del problema, la violación de los derechos humanos que supone privar a la gente de su vivienda (derecho recogido en la Constitución). En cambio se discute si es legítimo o no que la ciudadanía defienda su dignidad frente a las casas de los políticos.
Aunque el PP haya movilizado a todo su arsenal mediático contra los escraches, el asunto importante es que mientras Andalucía ha anunciado que expropiará las viviendas de los desahucios, el Gobierno de Mariano Rajoy ha tumbado la Iniciativa Legislativa Popular de la PAH para la dación en pago, la paralización de los desahucios y el alquiler social, impidiendo que se frene el abuso de la banca que hace que miles de familias estén en la calle.
A pesar de todo el sufrimiento que la legislación hipotecaria española (declarada ilegal por la Unión Europea) ha causado, el PP se sirve de la manipulación y la represión contra los más desfavorecidos y todos los que se solidaricen con ellos, usando a la Policía Nacional como guardaespaldas a su servicio. Todo para favorecer a una banca que ha provocado una situación de emergencia social por su codicia e irresponsabilidad.
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