Por Geoff Ramsey, investigador del Open Society Institute*
Ya es oficial: Efraín Ríos Montt será juzgado en Guatemala por genocidio y crímenes contra la humanidad, convirtiéndose en el primer ex dictador en la región en enfrentar cargos por crímenes de lesa humanidad, y Guatemala en el primer país en el mundo en enjuiciar a un ex dirigente de genocidio en su propio sistema judicial.
Este lunes 28, un juez federal ordenó que Ríos Montt y su ex jefe de inteligencia, Mauricio Rodríguez Sánchez, sean juzgados por su relación con la matanza de unos 1.700 indígenas guatemaltecos, la mayoría mujeres y niños, así como el desplazamiento forzado de 29.000 personas durante el período más violento de la sangrienta guerra civil que atravesó ese país (1960-1996).
El fallo es un gran triunfo para la justicia y la rendición de cuentas en Guatemala, aunque la debilidad del sistema de justicia guatemalteco puede presentar obstáculos para seguir adelante.
Mientras la intrépida Fiscal General Claudia Paz y Paz ha sido elogiada por su disposición a actuar sobre poderosas figuras políticas y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) apoyada por la ONU ha logrado avances significativos en la persecución de jueces corruptos en el país, los tribunales todavía están marcados por la corrupción generalizada y la impunidad.
Guatemala tiene una de las tasas más bajas de condenas de la región: menos del diez por ciento de los casos presentados han recibido condenas.
Una de las mayores amenazas para que se lleve a cabo un juicio justo a Ríos Montt es la influencia de los militares en las instituciones democráticas de Guatemala. El propio Presidente del país, Otto Pérez Molina, es un ex general, y ha negado que haya ocurrido un genocidio durante la Guerra Civil de Guatemala, a pesar de que la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas mantuvo que los militares llevaron a cabo varios “actos de genocidio” bajo el gobierno de facto de Ríos Montt, entre 1982-1983.
A principios de este mes, Pérez provocó la reacción de activistas de derechos humanos tras la emisión de un decreto declarando que el gobierno ya no reconoce las resoluciones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de crímenes de lesa humanidad y genocidio que se produjeron antes de 1987.
Más tarde se suspendió el decreto en respuesta a las críticas, pero ilustra la preocupante falta de respeto por las normas de derechos humanos y aumenta la inquietud de que Pérez trate de presionar a los tribunales para que abandone el caso contra Ríos Montt (en la imagen podemos ver al dictador en el año 1982).
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*Ramsey es asistente de investigación para América del Open Society Institute, basado en Washington. También ha trabajado como investigador y escritor para InSight Crime, centro dedicado al seguimiento de la delincuencia organizada y la corrupción en las Américas.