Por Iris Alandia, responsable de proyectos de Global Humanitaria en Bolivia
En Bolivia existen leyes y reglamentos nacionales y municipales que propugnan “la defensa intransigente del interés superior de la niñez, la juventud y de la mujer para la protección de sus derechos”, entre las que podemos citar el Código del Niño, Niña y Adolescente, la Ley Contra la Trata y el Tráfico de Personas, la nueva Ley Integral de Protección contra la Violencia hacia la Mujer, entre las principales.
Pero a pesar de la existencia de este conjunto de disposiciones legales, los índices de violencia -a nivel nacional- se han incrementado de forma alarmarte. Es así que, según la Asamblea de los Derechos Humanos de Bolivia, el país ocupa el segundo lugar en América Latina por casos de violencia contra las mujeres, mientras que, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA – 2008), en el 83% de los hogares de Bolivia existen niños y niñas que son castigados físicamente y/o psicológicamente, por algún adulto.
En el proceso de elaboración de la Ley Contra la Trata y el Tráfico de Personas, se conoció que 3 de cada 10 mujeres y 1 de cada 10 varones sufren alguna forma de violencia sexual; de estos casos denunciados, el 70% ha sido contra niños y niñas menores de 12 años.
Además, han surgido nuevas formas de violencia como la exacerbación del erotismo y la llamada hipersexualización de niños, niñas y adolescentes. “Existen muchas explicaciones para este fenómeno, pero la más obvia, indudablemente, es la restricción de información sexual integral en espacios educativos primarios como son las familias, las iglesias, los colegios y las universidades, frente al manejo oculto de la misma o el bombardeo comercial “erotizador” de los medios de comunicación que, en nombre de la libertad de prensa, banaliza el cuerpo, las relaciones interpersonales y la sexualidad misma de las personas”, según el “Proyecto de Ley Contra la Exacerbación del Erotismo Infantil”.
Distintas organizaciones de la sociedad civil y el gobierno han publicado un manifiesto de repudio a este fenómeno. En el mismo, se establece un NO rotundo a la exposición de niños, niñas y adolescentes a situaciones de erotismo adulto y a la explotación erótica de la imagen infantil y adolescente. Manifestaciones como éstas, y su consecuente propuesta de Ley, son dignas de resaltar, pues buscan la adopción de políticas públicas de prevención y lucha contra estas prácticas.
En este sentido, es necesario que como sociedad rechacemos, condenemos y hagamos oír nuestras voces contra este tipo violencia para que las nuevas generaciones reconozcan, ejerzan y respeten los derechos a la igualdad, a la equidad y a vivir libres de violencia desde los diferentes ámbitos. Para ello serán necesarias políticas públicas integrales, con presupuestos fijos y entes rectores que realmente puedan garantizar la aplicación de Leyes y Normativas, con capacitación y sensibilización de los actores responsables de atender los casos, así como un sistema que recoja datos oficiales, entre otros aspectos.
Desde Global Humanitaria, en las escuelas hemos puesto en marcha proyectos en torno a la trata y tráfico de niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, en la unidad educativa de Tolata la comunidad educativa elaboró de manera colectiva una revista, con el objetivo de difundir información sobre factores de riesgo, acciones y mensajes de prevención así como recomendaciones a los padres y alumnos para prevenir la trata y tráfico en los municipios del Valle Alto de Cochabamba.